Gilberto Valadez
Aguascalientes, Ags.- Desde hace 25 años, el tema de la concesionaria privada que opera en Aguascalientes ha sido utilizado para criticar al adversario y cachar votos.
En ese cuarto de siglo, las promesas han salido lo mismo de panistas, priistas, perredistas, morenistas o panalistas. Todos ofrecen retirarle el poder a la concesionaria que opera desde 1993 y que tendría contrato legal hasta el 2023.
Lo mismo decir que se remunicipalizará el servicio, se le acortará, auditorías descalificadas por la oposición, acusaciones de que se ha metido en una elección y hasta políticos que literalmente le mentaron la madre.
El servicio del agua municipal fue concesionado en octubre de 1993 por la mayoría del PRI en el Congreso del Estado. En ese momento, se brindó un plazo inicial de 20 años para la operación de la llamada Concesionaria de Aguas de Aguascalientes Sociedad Anónima (Caasa).
Durante los dos primeros años de Caasa, se registraron continuos aumentos en cascada con un ajuste del diez por ciento cada bimestre desde enero de 1994 a octubre de 1995. Hacia el segundo año de la privatización, se hizo del dominio público que el título de concesión preveía que la empresa pudiera anexar aumentos de energía eléctrica y hasta en tasas de interés en los propios recibos de los usuarios.
Las primeras escaramuzas políticas por el tema de la concesión del agua sucedieron en las elecciones federales de 1994. Ese año, el entonces líder estatal del PAN Jorge Zamarripa propuso una consulta abierta y fomentar una revisada al título de concesión.
Las promesas del Mosco
Sin embargo, el manoseo del tema del agua no cobraría fuerza sino hasta 1995. Ese año, se renovarían las once alcaldías del estado y Acción Nacional vio una oportunidad frente al desencanto ciudadano por el fracaso de la presidencia de Carlos Salinas y el irregular gobierno estatal de Otto Granados.
La candidatura panista recayó en el empresario Alfredo Reyes Velázquez, quien abiertamente usó la concesionaria de agua como bandera política. El 21 de julio de 1995 declaró: “el compromiso del nuevo gobierno municipal será revisar las condiciones jurídicas que guarda el título de concesión y, en su caso, revocarlo para que el municipio de Aguascalientes proporcione este vital servicio a la ciudadanía”.
En las elecciones, Reyes Velázquez se impuso al candidato del PRI, Enrique Pasillas, delfín del gobernador Granados.
Parecía que con el PAN en el Ayuntamiento, iba en serio la promesa de retirar a Caasa. La noche del 28 de marzo de 1996, el Cabildo de Aguascalientes aprobó en sesión extraordinaria la remunicipalización de la concesión del agua, mediante la llamada Declaratoria de Rescate. El alcalde Alfredo Reyes anunció que en un par de días comenzaría una reestructuración de hasta 15 por ciento en torno a las tarifas que aplicaba Caasa.
Pero la decisión no llegó ni siquiera al mes e inopinadamente el municipio dio marcha atrás para el sábado 13 de abril, unas horas antes de iniciar la Feria de San Marcos, revocó su propia Declaratoria de Rescate.
Para el 30 de agosto de 1996, el Congreso de Aguascalientes aprobó la iniciativa de aumentar de 20 a 30 años el periodo para la concesión del servicio del agua. Aunque el PAN no tenía mayoría absoluta en el Congreso, el dictamen fue aprobado con los 13 sufragios de la bancada panista, se sumaron dos más del PRI, desplazando ocho votos en contra. Además, se registraron dos abstenciones.
Caasa tendría permiso de operar hasta el año 2023.
Mentadas a Caasa
En vista del fracaso del Mosco Reyes en el tema de la concesionaria de agua, el siguiente candidato optó por no meterse en honduras. El también empresario Luis Armando Reynoso Femat fue designado para contender por la alcaldía capitalina y desde su misma campaña minimizó el asunto del agua. En abril de 1998, durante su primera conferencia de prensa como candidato, Reynoso puntualizó que la principal meta era la seguridad pública. Uno de los reporteros le interrogó si ese punto sería más importante que la polémica del agua.
“Sí, más que el agua, (…) estoy convencido de que el problema del agua ha pasado a segundo término frente a la incertidumbre por la seguridad de la ciudadanía”, estableció Reynoso.
Acción Nacional siguió controlando la administración municipal en 2001 con la elección de Ricardo Magdaleno, quien siempre tuvo una postura blandengue para Caasa. El 10 de diciembre de 2002, el regidor priista Isidoro Armendáriz arremetió contra Magdaleno, afirmando que el edil panista nunca aplicó un análisis al título de concesión.
Con los años, la posición panista hacia la Concesionaria de Agua ha ido desde defender la aplicación de los cortes de agua, como lo hizo el entonces diputado Humberto David Rodríguez en una sesión del Congreso celebrada el 7 de noviembre de 1998, hasta la de Alberto Vera López, regidor municipal, que en diciembre de 2005 literalmente exclamó mentadas de madre en contra de la concesionaria durante una entrevista para un semanario local.
El PRI de siempre
Aunque promovió abiertamente la concesión del agua en 1993, con los años el PRI de Aguascalientes ha buscado lavarse las manos.
Uno de los casos más emblemáticos fue el de Francisco Labastida Ochoa, candidato tricolor por la Presidencia de la República en 2000. El 7 de abril de ese año, en un hotel de esta ciudad, Labastida Ochoa se comprometió de llegar a Los Pinos para arreglar el problema del servicio de agua, aunque de manera ambigua apenas prometió que “hablaría con las autoridades”. Al tiempo, Labastida sería el primer candidato del PRI en perder una elección presidencial.
Ese mismo año, Armando López Campa entonces líder del PRI en el Congreso, alertaba que las malas administraciones de Caasa ocasionaron que esta se fuera llenando de pasivos. “Es claro que la Concesionaria está en quiebra técnica y que ahora su objetivo será que los pasivos pasen a formar parte del Fobaproa, para que sean pagados con dinero del pueblo”.
Para los comicios por la renovación de la alcaldía en 2004, Carlos Lozano de la Torre, aspirante del PRI por la presidencia municipal, acusó directamente a la concesionaria por entrometerse en las elecciones estatales de ese año y le dio un “ultimátum” para sacar las manos en el proceso.
Sin embargo, el futuro gobernador también le entró al juego de promesas y ese año ofreció la creación del “Ombudsman de agua”, que según el aspirante controlará y vigilará a la concesionaria. “No es política populachera sino una propuesta que ponga orden en este tema que se está volviendo más crítico en Aguascalientes”.
El PRI finalmente recuperó la alcaldía en 2007 con el empresario Gabriel Arellano, quien habló mucho en torno a retirarle la concesión a la empresa privada. Andrés Rodríguez, entonces director jurídico del Ayuntamiento, aseguraba a inicios de 2008 que podía revocarse la concesión del servicio. “El servicio del agua es una concesión que otorga el Ayuntamiento de Aguascalientes y lo puede hacer a favor de una o más empresas, puesto que el título correspondiente no establece exclusividad”.
Sólo que Arellano desperdició tiempo en construir una fallida precandidatura al gobierno del estado y de plano dejó inconcluso el puesto como alcalde. Su relevo en el municipio fue Adrián Ventura Dávila, quien tampoco se metió en problemas con la concesionaria.
Para 2012, la presidenta municipal priista Lorena Martínez anunció una auditoría contra la concesionaria de agua. Sólo que esta auditoría fue desacreditada ni más ni menos que por el exalcalde Alfredo Reyes. El panista opinó que el informe que presentó Martínez era una auditoría “coja y manca”.
El PAN recuperaría la alcaldía en 2013 de la mano de Antonio Martín del Campo, viejo crítico de la concesionaria. Tan sólo diez años antes, cuando fue diputado en febrero de 2003, Martín del Campo no le daba rodeos al asunto y consideró “viable” quitarle la concesión al monopolio del agua.
Martín del Campo inició su gestión como alcalde con la espada desenvainada. Para finales de enero del 2014 exigió abiertamente frenar los abusos de la empresa. Inclusive, en la reanudación de los miércoles ciudadanos, emitió una invitación para Humberto Blancarte acudiera a las mesas de atención al público y escuchara las demandas ciudadanas.
Pero al tiempo, las acciones del municipio panista contra Caasa fueron desinflándose. Al grado que en septiembre de 2016, la diputada del Partido Verde, Anayeli Muñoz, denunció una supuesta “complicidad” entre la gestión de Martín del Campo hacia la concesionaria.
Haciendo las maletas
“Caasa se va” fue el anuncio de la panista Teresa Jiménez durante el debate de candidatos por la alcaldía de Aguascalientes, celebrado el 25 de mayo de 2016.
Jiménez emitió su promesa sin pregunta de por medio, lo cual fue puesto en duda por los otros partidos políticos. Al final, la panista ganó las elecciones y asumió como la cuarta alcaldesa en la historia de Aguascalientes.
Pero la promesa de terminar con la concesionaria quedó en eso. En septiembre de 2018, Jiménez anunció su rechazo a una carta de intención de la empresa para seguir operando el servicio en el municipio. “Caasa puede ir haciendo sus maletas”, declaró la presidenta municipal.
Solo que en los hechos, Caasa únicamente cambió su denominación hacia Veolia y en la práctica siguió operando y cobrando, a pesar de llevarse los mismos cuestionamientos de siempre en torno a su servicio.
Tan sigue operando que ha sido nuevamente protagonista indirecto de las actuales campañas por la alcaldía de Aguascalientes. El candidato del PRI, Netzahualcóyotl Ventura, llevó a cabo una huelga de hambre de 80 horas contra las prácticas de Veolia. Mientras que el aspirante de Morena, Arturo Ávila, pidió aplicar una consulta ciudadana para decidir sobre la empresa y el perredista Iván Sánchez propuso una demanda ciudadana contra la concesionaria.
Por supuesto no ha faltado quien nuevamente promete desterrar a la concesionaria de Aguascalientes. Ahora fue Armando Quezada, candidato del Partido Nueva Alianza, quien el pasado debate de aspirantes del lunes 20, de plano anunció “desaparece Veolia”.
Y sin embargo, la concesionaria allí sigue.