Campeche.- Lo que comenzó como una diferencia de criterios presupuestales ha escalado a una crisis de gobernabilidad sin precedentes en el estado. El diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, ha promovido un juicio de amparo ante la justicia federal para frenar una posible orden de aprehensión, señalando directamente a la gobernadora Layda Sansores San Román de encabezar una campaña de “hostigamiento y persecución política”.
De acuerdo a La Jornada, la ruptura entre la mandataria y un bloque de 10 de los 16 diputados de Morena se gestó en noviembre de 2025. El detonante fue el Paquete Económico 2026, donde el Ejecutivo estatal solicitó la contratación de una deuda pública por mil millones de pesos.
Jiménez Gutiérrez lideró la resistencia interna, argumentando que se debían buscar alternativas financieras. Aunque la deuda terminó aprobándose por unanimidad bajo una fuerte presión, el lazo de confianza se rompió definitivamente.
La tensión alcanzó su punto crítico el pasado 31 de enero y 1 de febrero, fechas marcadas por dos eventos clave:
Golpe en la Mesa Directiva: Seis legisladores leales a Sansores se aliaron con la oposición (MC, PRI, PAN, PT y PVEM) para arrebatarle el control del periodo ordinario a la planilla de Jiménez. El cargo de presidente de la Mesa Directiva recayó en el emecista Paul Alfredo Arce Ontiveros.
“Soy víctima de persecución política. La dignidad no se negocia y la transformación no se construye con imposiciones”, declaró el legislador desde su resguardo.
En una maniobra defensiva, el 2 de febrero los diputados aprobaron en sesión reservada una reforma a la Constitución estatal para reactivar el fuero constitucional, figura que había sido eliminada en 2016. Este “blindaje” busca proteger a los legisladores y magistrados de detenciones arbitrarias.
El “Frente de Alcaldes”: Siete de los 13 ayuntamientos (gobernados por Morena) han anunciado que no validarán la reforma. Municipios como Tenabo ya han rechazado oficialmente la enmienda en sus cabildos.
La respuesta de la Gobernadora
Desde Querétaro, Layda Sansores intentó matizar el conflicto con su estilo característico. Aseguró que en Campeche “no se persigue a nadie” y, en una declaración que contrasta con la presencia policial en el Congreso, afirmó que al diputado Jiménez Gutiérrez “lo quiere mucho”.
Mientras tanto, el Juzgado Segundo de Distrito ha admitido a trámite el amparo del legislador, dándole un respiro legal en medio de una tormenta política que ha puesto a prueba la unidad de la Cuarta Transformación en el sureste mexicano.
Con información de La Jornada