Redacción
Aguascalientes, Ags.- Ante la Comisión de Transporte Público que preside la diputada Claudia Guadalupe de Lira Beltrán, compareció este lunes el secretario de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial, Juan Carlos Rodríguez García, a quien se le solicitó información ampliada de la situación que guarda el sistema de transporte público y que derivó en el incremento de sus tarifas en las diversas modalidades.
Durante la exposición que se le solicitó al titular de la SEGUOT, el diputado Raymundo Durón Galván, vocal de la comisión, expresó un señalamiento en torno a que el servicio que ofrecen los camiones urbanos “es pésimo, pues los usuarios tienen que esperar largos periodos de tiempo para que la unidad llegue, aunado a que las terminales carecen de infraestructura”, por lo que dijo que fue necesario llamarlo a explicar ante el órgano colegiado el verdadero estado de la infraestructura y los vehículos, cuestionando finalmente la fecha de presentación del estudio del PIMUS, respondiendo que fue dado a conocer al público el mes de enero del año en curso, en el salón Barberena, destacando que fue producto de una licitación pública que fue revisada por órganos de auditoría federal, y por el cual se erogaron 29 millones de pesos.
En respuesta, el funcionario estatal indicó que se han realizado esfuerzos por parte de la autoridad para que se modernicen las unidades, se optimicen los tiempos de espera y de traslados. No obstante, dijo que esto depende de contar con un formal y amplio estudio técnico que permita detectar las necesidades y las estrategias para impulsar un transporte moderno, eficiente y sustentable, siempre bajo un modelo metropolitano como ya se aplica en ciudades como León, Pachuca y Acapulco.
Juan Carlos Rodríguez reveló que existieron varias reuniones con organismos internacionales y dependencias, mediante las cuales les expusieron el modelo, el cual es un proyecto que se encuentra en proceso de gestión, porque este lleva varias implicaciones de carácter financiero, vial y ecológico, entre otras.
Por su parte, el secretario de la Comisión de Transporte Público, diputado Iván Alejandro Sánchez Nájera, preguntó cuántas veces ha sesionado el Consejo Estatal del Transporte Público, órgano que preside el titular de la SEGUOT, a lo que Rodríguez García detalló que el Consejo Consultivo Estatal del Transporte Público ha sesionado dos veces, el 16 de junio de 2015 y la otra de carácter extraordinaria, en la cual se aprobó el Reglamento “que no existía”.
En una segunda pregunta, Sánchez Nájera pidió se ampliara información del estudio que la dependencia estatal emprendió y cuál fue su metodología; por otro lado, cuestionó al funcionario cuántas concesiones se entregaron en este año, dado que el gobernador le delegó a la SEGUOT le delegó la facultad para suspender, revisar o cancelar las concesiones.
Rodríguez García reveló que hay en la actualidad se tiene el registro de 3 mil 855 concesiones de taxis, 734 de autobuses urbanos y 444 de unidades de transporte en los municipios.
Sánchez Nájera cuestionó las causas para no sesionar con regularidad como lo establece la ley, pues señaló podría ser negligencia, lo que el titular de la SEGUOT rechazó, pues “esta administración instaló un órgano que no existía”, en el cual participan representantes de todos los sectores del transporte público, quienes estuvieron presentes en todo el proceso de integración del PIMUS, el cual fue dado a conocer en enero de este año.
En seguida, el diputado vocal de la Comisión, David Nájera Moreno, pidió a sus compañeros que el curso de la comparecencia se apegue a lo acordado con anterioridad, y sólo se aborden los asuntos que se expusieron de manera previa.
Al hacer uso de la palabra, la diputada Guadalupe de Lira Beltrán puntualizó que tras la problemática que se registró en la operación el transporte público los únicos afectados fueron los usuarios, “no los concesionarios, ni las autoridades”. La diputada presidente criticó la infraestructura de las terminales y los tiempos de espera que son muy prolongados, toda vez que en el municipio de Jesús María se emiten de múltiples quejas de los usuarios, recibiendo una respuesta casi nula. Finalizó su participación en el tema particular lamentando que no se vean los beneficios ni las mejores en la operación del transporte público, para la población, quienes son los usuarios del servicio.
En respuesta, el secretario de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial, reconoció que las deficiencias de operación en las diversas modalidades de transporte se han heredado de omisiones de otras administraciones estatales, y fue “en este gobierno que más de dos mil vehículos de taxis que circulaban fuera de norma, se regularizaron”.
Respecto al tema de las condiciones laborales de los operadores de los vehículos, Rodríguez García puntualizó que el tema no le corresponde a la SEGUOT, sino que es competencia de los órganos del Trabajo, así como de la Asociación de Transportistas Unidos (ATUSA) y de los sindicatos correspondientes, quienes tienen la obligación de velar por las necesidades de los choferes.
En cuanto al tema del sistema de quejas, el titular de la SEGUOT reconoció que se debe actualizar y de hacer más eficiente, en aras de mejora la atención del público, a lo que la diputada Guadalupe de Lira Beltrán solicitó al funcionario estatal atender todos los casos en los que los usuarios se quejan de que algunos operadores no respetan la tarifa de 7.50 pesos, pues redondean a 8 pesos destacando que hay que proteger al usuario, quien “ya de por sí se vio afectado con este incremento”.
Rodríguez García “el redondeo es para abajo, él puede darle 7 pesos, pues un acuerdo al que se llegó, e invito a los ciudadanos a reportar cualquier abuso a la Secretaría, sólo dando la hora y el número económico de la unidad”, añadiendo que aquél operador que no cumpla con lo acordado por el Gobierno del Estado y la Alianza de Transportistas, deberá ser sujeto a sanciones que van de los cuatro a quince salarios mínimos, o en su caso, la suspensión o cancelación del título de la concesión.
En su oportunidad, la diputada Paloma Cecilia Amézquita Carreón cuestionó sí está contemplado en el padrón de unidades de transporte público, las 50 concesiones de taxis ecológicos que operan en la actualidad, porque al parecer su operación estaría fuera de la norma establecida, sí nos basamos en lo establecido en el Código Urbano.
El titular de la SEGUOT es dueño de las unidades, no de la concesión, el programa de carácter ecológico que opera la Secretaría del Medio Ambiente, explicó que la operación de estos taxis se licitó a una empresa denominada “Taxis 4000”, y mediante este programa ha brindado beneficios al medio ambiente, porque estas unidades se recargan de energía solar.
Sobre este tema, el diputado Sergio Augusto López Ramírez, en su calidad de invitado, preguntó al Secretario del Estado por qué la compra de estos taxis en la carta factura no tiene el IVA desglosado, a lo que el funcionario estatal afirmó que no es la SEGUOT la responsable sino la SEMAE, ya que es dicha secretaría la que lleva la administración y la operación de esas unidades, por lo que dijo que no cuenta con esa información.
En el uso de la voz, el legislador Alejandro Mendoza Villalobos cuestionó que la publicación de la tarifa fue irregular.
En una segunda participación, el legislador Iván Alejandro Sánchez Nájera, cuestionó bajo cuál facultad se le autorizó el incremento a los taxis y unidades de transporte colectivo foráneo.
En su respuesta, el Secretario de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial, Juan Carlos Rodríguez García, aseveró que el incremento de la tarifa se sustentó en el aumento de la demanda del servicio, pues los concesionarios y choferes expusieron que sí en el año 2010 registraban “14 vueltas en su ruta, ahora llegan dan 30”.
Rodríguez García reveló que al inicio de la negociación con ATUSA, los concesionarios “pedían se les aprobara una tarifa de 10.50 pesos, ante lo cual la autoridad no cedió”.
El representante popular Sánchez Nájera insistió que la SEGUOT autorizó el incremento de la tarifa sin basarse en un estudio técnico en específico, es decir, que la Secretaría de Gestión Urbanística “no fue capaz de actualizar los estudios”.
En un tercer bloque de preguntas y respuestas, la diputada Guadalupe de Lira Beltrán, cuestionó por qué la tarifa especial a estudiantes no es aplicada en el municipio de Jesús María, por lo que pidió al funcionario estatal garantice la aplicación de esa tarifa en todo el estado.
Por su parte, el Contador Público Juan Carlos Rodríguez García reconoció que el programa de beneficiarios debe ampliarse a personas con discapacidad, no obstante, dijo que “no han existido más acuerdos en los que se establece la aplicación de los descuentos”.
Aseveró que la tarifa de estudiantes se sigue respetando y en cuanto a los precios para personas con discapacidad.
En su oportunidad, el diputado Iván Sánchez Nájera pidió al funcionario ahondara en la aplicación de las tarifas y qué estrategias se implementó la administración estatal para hacerlas valer.
En respuesta, Rodríguez García reveló que los concesionarios sí pidieron un incremento a la tarifa especial de estudiantes, ante lo cual, el gobierno del estado no accedió a dichas pretensiones; reconoció que sí hay varias asignaturas pendientes “que ya serán competencia de la siguiente administración estatal”.
Con esa participación, se dio por terminada la comparecencia del Secretario de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial, Juan Carlos Rodríguez García.