Redacción
México.- El ofrecimiento era generoso, pero carecía de ética: “Dile a tu directora que queremos hablar de su liquidación, dile que le ofrecemos 11 millones de pesos, pero que al resto de los trabajadores sólo les podemos dar lo mínimo que marca la ley”.
Al más puro estilo del viejo régimen prianista, José Luis Sánchez Cuazitl, director jurídico de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), quería comprarme y sutilmente se lo hizo saber al director administrativo de la extinta Notimex, Carlos Peñaloza Martínez. Esperaban que con un cañonazo millonario traicionara a mi equipo después de cinco años de resistencia. Obviamente, no acepté.
Era su segundo intento de soborno. El primero, con el mismo emisario, fue peor. El cálculo de las liquidaciones del personal activo con trabajadores que laboraron en la agencia durante más de 30 años, rondaba 150 millones de pesos: “Te damos esa cantidad, siempre y cuando nos entreguen 20 por ciento para la campaña electoral de Claudia Sheinbaum”, le dijo Sánchez Cuazitl a Peñaloza Martínez.
Me negué en rotundo. “Eso es un acto de corrupción”, comenté. Y Peñaloza añadió: “Es una practica común en el gobierno”, a lo que respondí: “No me importa, yo no la acepto. Jamás podría obligar a mi equipo a dar dinero bajo ese criterio. No, de ninguna manera”.
Al día siguiente, nuestras pretensiones de liquidación conforme a derecho se vieron afectadas considerablemente en clara señal de venganza. “Sólo les podemos dar 15 millones. Es lo que autorizaron la secretaria Luisa María Alcalde y el secretario Marath Bolaños López”, expuso José Luis Sánchez Cuazitl. Le pregunté: “¿Esta cantidad la conoce el presidente Andrés Manuel López Obrador?”, y respondió: “Sí, es lo que nos dijo que podíamos ofrecerte”.
Francamente, lo dudé, porque en mi último encuentro con el Presidente en Palacio Nacional, el mandatario me agradeció los servicios prestados al frente de Notimex y reconoció mi trabajo. Sin embargo, cuando le informé los abusos económicos que pretendía dar la secretaria Alcalde a los huelguistas del extinto SutNotimex me escuchó frente a una relación escrita de anomalías que le presenté y me dijo: “Gracias, Sanjuana, por la información, no vamos a permitir abusos”.
Lamentablemente, no fue así. La secretaria Luisa María Alcalde decidió acceder a todas las pretensiones del sindicato. De esa manera, favorecían no solamente el final de la huelga impuesta e ilegal avalada por Alcalde, sino que, con una bolsa de 256 millones de pesos, beneficiaban a los abogados del líder vitalicio del sindicato de telefonistas, Francisco Hernández Juárez, quien apoyó, sostuvo y alentó la huelga en Notimex y, por supuesto, al asesor legal, operador y padre de la secretaria de Gobernación, Arturo Alcalde.
De 250 millones de pesos que finalmente entregaron a la lideresa Adriana Urrea, es costumbre pagar 30 por ciento; es decir 76 millones de pesos, a los abogados laboralistas. En realidad, la cantidad entregada al extinto sindicato es un botín de guerra. La bolsa de 256 millones de pesos incluyó 14 millones por concepto de “canasta”, supuestamente canasta básica de alimentos, pero, en paralelo, las liquidaciones incluían cuatro años de vales de despensa, entonces, es inaceptable. Además de casi un millón de pesos por concepto de “fiesta de aniversario” para un sindicato que ya no existe.
El presidente López Obrador instruyó a Alcalde, Bolaños y a Jesús Ramírez a trabajar en la solución del conflicto. Lejos de hacerlo, lo enrarecieron más. Cada vez que iba y me entrevistaba con la anterior secretaria del Trabajo sentía que la información que le daba iba a ser compartida con otros, empezando con su padre, Arturo Alcalde. De hecho, todas las resoluciones de las autoridades del trabajo fueron en contra de Notimex y siempre, sin excepción, a favor del sindicato.
En el caso del vocero de Presidencia, Jesús Ramírez, a quien el jefe del Ejecutivo federal le encomendó desde un principio apoyarme para resolver el conflicto sindical, nunca me ayudó. Al llegar a la agencia, no hubo una entrega-recepción, porque Alejandro Ramos, el anterior director de Notimex, se fue antes, dejando un cúmulo de anomalías administrativas, la mayoría constitutivas de delito.
Ramírez se desentendió del asunto, a pesar de la instrucción presidencial y ni siquiera contestaba las llamadas; es más, tengo más de tres años de no hablar con él.
Ramírez y Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, no permitieron que los medios públicos de comunicación informaran del desarrollo y litigio del caso Notimex. Peor aún, esos medios entrevistaban a la lideresa sindical acusada de corrupción ante la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública mientras a mí me negaron siempre el espacio.
Cuando reclamé a Villamil, me dijo: “Es que yo vine a conciliar y tú preferiste el conflicto”. Sorprendida por sus palabras, le contesté: “Vinimos a transformar y eso a veces provoca conflicto, no vinimos a ‘conciliar’, esa no es la encomienda del Presidente ni el compromiso con los mexicanos”.
La lista de los beneficiados por las referidas megaliquidaciones, algunas de las mismas claramente ilegales, incluye a 34 huelguistas y 53 cachirules; es decir, personas que no trabajaban en Notimex, empleados de confianza que nunca fueron sindicalizados y otro tanto de ex trabajadores que ya habían sido liquidados conforme a derecho. La lista del dinero entregado a los cachirules es de 135 millones de pesos. Obviamente, autoridades y sindicalistas inflaron la bolsa para obtener mayores ganancias.
Las aberraciones de la lista de beneficiados, justificadas por las autoridades de Gobernación y del Trabajo, incluyen casos paradigmáticos como el de Guadalupe Vallejo Mora, quien trabajó un mes en la dependencia y recibió 2 millones 730 mil 254 pesos, frente a Martín Alarcón, el subdirector activo de la agencia, quien trabajó más de 30 años y recibirá un millón 100 mil pesos.
En una clara injusticia, el sindicato compró gente ajena a la empresa y a personas a quienes habíamos contratado unos meses antes de que se declarara la huelga, como Flor Goche Maldonado, quien apenas laboró cinco meses y le entregaron 2 millones 83 mil pesos o Alexis Jimenéz Hernández, con antigüedad de cinco meses y le dieron un millón 283 mil pesos. Asimismo, la trabajadora del periódico 24 Horas Miroslava Callejas, que estuvo en nómina nueve meses y le dieron un millón 215 mil pesos, o Laura Mastache Gutiérrez, con también nueve meses en la agencia y le entregaron un cheque de un millón 93 mil pesos.
Llama la atención el caso de Adrián Rocha García, quien trabajó cuatro meses y se fue a radicar a Estados Unidos, pero ahora aparece en la lista con un cheque ya cobrado de 2 millones de pesos.
Entre los cachirules se encuentran los típicos oportunistas que a río revuelto aprovecharon la ganancia de pescadores, como dice el dicho. Samuel Cortés Hamdan, Emmanuel Carrillo Moreno, Ingrid Sánchez Pulido o Cristian Carlos Juárez, todos ellos trabajadores con apenas meses o poco más de un año recibieron entre 2 y 3 millones de pesos.
El caso que generó más indignación entre el personal activo de Notimex es el del priísta Martín Takagui Carbajo, quien ha vivido de tres demandas laborales que interpuso contra Notimex, y a quien mi administración se vio obligada a pagarle un millón y medio de pesos por un caso de “despido injustificado” que tuvo lugar en el régimen anterior. Pues bien, ahora le acaban de entregar por supuestamente trabajar dos meses en la reinstalación ordenada por las autoridades laborales, un total de 3 millones 415 mil pesos. En la lista de los 34 huelguistas abundan las irregularidades, como el caso de Estefanía Mere Salazar, quien laboró solamente un mes y le entregaron un millón 619 mil pesos de liquidación.
Cuando reclamé estas anomalías e ilegalidades en las liquidaciones del sindicato, Sánchez Cuazitl me explicó que las del sindicato eran liquidaciones “políticas” que pretendían terminar con una huelga, mientras las nuestras no estaban definidas a pesar de la publicación del decreto de extinción. “No alcanzo a encontrar un elemento que me permita llegar al monto solicitado”, dijo y le contesté: “Aplica el mismo criterio ‘político’ para las liquidaciones del personal activo. Es necesario tener igualdad, equidad. No nos traten como trabajadores de segunda clase”. Y dijo: “Tienes razón, pero ni modo, es la instrucción”.
Fue desolador para el equipo de trabajadores activos de Notimex conocer las ínfimas cantidades de liquidación ofrecidas, que ni siquiera cumplen con el marco legal. Finalmente, el personal que se quedó en la agencia y laboró todos los días para defender el patrimonio de la nación fue despreciado y subestimado. Tal parece que el trato recibido es una venganza.
*Información de La Jornada.