Reforma
Londres, Inglaterra.- La redacción del precepto, no desarrollado por la legislación nacional, deja abiertas ambas interpretaciones: la de Theresa May, que considera que la prerrogativa real otorga a la Primera Ministra el poder de informar a Bruselas, y la de los demandantes, que consideran que corresponde al Parlamento un papel mayor en las negociaciones.
El juez jefe John Thomas aclaró que la decisión “es una pura cuestión legal”.
“El tribunal no valora ni expresa ninguna opinión sobre los méritos de abandonar la Unión Europea: esa es una cuestión política”, subrayó.
Tras conocer el dictamen, el Ministro de Comercio Internacional y abanderado del Brexit (salida del Reino Unido de la UE), Liam Fox, anunció que el Gobierno lo recurrirá ante el Tribunal Supremo, la máxima autoridad judicial británica, que se espera se pronuncie antes de finales de año.
“El Gobierno está decepcionado con la decisión del tribunal”, declaró Fox en la Cámara de los Comunes.
“El país votó por salir de la Unión Europea en un referendo aprobado por una ley del Parlamento, y el Gobierno está decidido a respetar el resultado de la consulta”, insistió.
En el referendo, celebrado en junio, casi un 52 por ciento de los británicos apoyó abandonar el bloque europeo, aunque dicha votación no preguntó a los ciudadanos sobre las condiciones del proceso de salida.
Por su parte, Gina Miller, una de las ciudadanas que planteó el caso ante el Tribunal Superior, saludó el dictamen, y pidió al Ejecutivo que tome la decisión de no apelar.
La decisión del Tribunal Superior motivó la subida de la libra esterlina, que se revalorizó un 1.12 por ciento frente al dólar y un 1.20 por ciento frente al euro en el mercado de divisas, tras registrar continuas caídas desde la celebración del plebiscito.
El fallo se produce después de que, hace poco menos de tres semanas, un grupo de opositores al Brexit encabezados por Gina, filántropa de la City y propietaria de una start up de inversión, y Deir dos Santos, un peluquero, recurrieran a la justicia, y de que la Primera Ministra, Theresa May, anunciara que el proceso de salida iniciaría antes del final de marzo de 2017.
El dictamen judicial supone un duro varapalo a la Primera Ministra, en la medida en que le quita la razón en una asunto trascendental y, además, socava su autoridad en la gestión de las negociaciones con los demás Estados miembros.
La decisión, si se convierte en firme, puede entorpecer y ralentizar el proceso de salida de Reino Unido, al someterse este a pleno escrutinio parlamentario.
Si se confirma que la aprobación parlamentaria es preceptiva, los diputados teóricamente podrían llegar a bloquear el Brexit, pero esto resulta improbable: aunque la mayoría de los legisladores se opone a la salida de la UE, pocos estarían dispuestos a revocar una decisión tomada por el pueblo británico en referendo.
Por otro lado, a pesar de que los diputados votaron mayoritariamente por la permanencia, las circunscripciones electorales que los eligieron (y a las que representan) lo hicieron por el Brexit.
Lo que sí podrían hacer es tratar de de reconducir el proceso hacia una salida más limitada, la opción que se conoce como Brexit blando, que priorice el acceso al mercado único renunciando a la intransigencia con el control de fronteras.
La prioridad del Gobierno de May, a juzgar por las cartas mostradas hasta la fecha, parece ser precisamente la contraria.
No está claro en qué deberá consistir la participación del Parlamento: si se circunscribiría a una mera aprobación (un sí o no) o si, por el contrario, se trataría de un verdadero proceso de legisación.
En el primer caso, la votación podría ser rápida, respetando el compromiso de May de activar el artículo 50 antes del final de marzo de 2017; en el segundo, sería un proceso lento, que incluiría probablemente a las dos Cámaras y con un debate potencialmente duro.