Redacción
Aguascalientes, Ags.-La Diputada por Acción Nacional, Isabel Rosales, presentó este día una reforma de ley
al artículo 57 del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del
Estado de Aguascalientes, sus Municipios, Órganos Constitucionales Autónomos y
Organismo Descentralizados; para establecer la atención psicológica gratuita como
parte de las prestaciones de ley, en los centros laborales de orden público.
Lo anterior, dijo, a partir de que muchos trabajadores están expuestos y enfrentan
actualmente problemas emocionales derivado de múltiples circunstancias sociales, así
como económicas, ambientales y de otra índole; y que al no ser atendidos afectan su
entorno familiar y laboral.
La legisladora del PAN destacó que si bien en la ley se consideran ya los beneficios de
seguridad social para atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria; no está
contemplada la atención psicológica, fundamental para el buen desempeño y
productividad de los trabajadores.
Al mismo tiempo recordó que México ocupa el primer lugar a nivel mundial en estrés
laboral. En el caso particular de Aguascalientes, añadió, cuando menos el cuarenta y
cinco por ciento de la población padece de ansiedad y dos de cada diez trabajadores
caen en cuadros de depresión.
Esta situación, dijo, afecta directamente su capacidad, forma de relacionarse y
desempeño en sus centros de trabajo.
“Una persona estresada presenta con mayor frecuencia enfermedades y está poco
motivada, es menos productiva y tiene menos estabilidad laboral. El estrés y los
problemas emocionales no solo afectan la salud y el bienestar de los trabajadores, sino
también la productividad de una organización”, señaló en tribuna.
La Diputada Isabel Rosales reconoció que si bien una reforma de esta naturaleza
tendría un impacto presupuestal en diferentes esferas, debe haber una reflexión
profunda y detenida sobre la importancia de la salud mental y emocional de los
trabajadores, así como su atención puntual en los centros laborales públicos.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Servidores Públicos para su dictaminación.