Redacción
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la reforma que eleva a rango constitucional el derecho de las personas trabajadoras a una vivienda adecuada y que convierte al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en constructor y arrendador de inmuebles. La iniciativa, que reforma el artículo 123 de la Constitución, fue aprobada con 469 votos a favor y una abstención.
La reforma establece que todas las empresas, sin importar su giro, estarán obligadas a garantizar que sus empleados cuenten con viviendas cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante aportaciones a un fondo nacional de vivienda, el cual permitirá a los trabajadores acceder a créditos para la compra o mejora de sus hogares.
El Infonavit podrá invertir en la adquisición de suelo y la construcción de viviendas, que las personas trabajadoras podrán adquirir o rentar bajo condiciones establecidas por ley. Según el nuevo esquema, después de un año de cotización, los empleados podrán acceder a arrendamientos sociales, con una renta mensual que no podrá exceder el 30% de su salario.
A pesar del apoyo generalizado a la reforma, algunos legisladores de oposición señalaron que la iniciativa no es suficiente para cubrir las necesidades habitacionales de toda la población. Laura Ivonne Ruiz, diputada del PRI, destacó que la vivienda es un elemento clave para reducir desigualdades y promover la seguridad y cohesión social. Sin embargo, la diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Arredondo, criticó que el derecho a la vivienda que se establece en la reforma esté limitado solo a los trabajadores, dejando fuera a otros sectores de la sociedad.
Por su parte, el diputado del PAN, Armando Tejeda Cid, respaldó la iniciativa argumentando que promueve los principios de dignidad, bien común y solidaridad. No obstante, su compañero de partido, Julen Rementería Del Puerto, expresó su preocupación por las nuevas facultades otorgadas al Infonavit. Rementería advirtió que convertir al Instituto en constructor es una “pésima idea” y recordó que la institución ya enfrenta un aumento en su cartera vencida, que pasó de 7.8% a 19.8% en los últimos años.
La iniciativa ahora pasará al Senado para su discusión y posible aprobación final en el Pleno de la Cámara Alta.