Miguel Ángel Juárez Frías
Ciudad de México.- Confirmo con frustración que, una vez más, la realidad supera a la ficción. Ayer escribimos sobre cómo la verdad se ha convertido en un obstáculo y la propaganda en un arma. Analizamos las estrategias de los agentes del poder para distraer: la saturación de información como herramienta para mantener el status quoante una sociedad perdida en su incesante búsqueda de redención personal y reconocimiento social.
Vimos cómo los hechos que duelen y hieren son aplastados por la maquinaria de la comunicación, y cómo esa misma maquinaria genera dispersión en una sociedad hiperconectada, con acceso a un sinfín de datos, pero incapaz de distinguir entre la verdad y la mentira.
Después de Teuchitlán, Jalisco, y el “campo de exterminio” —aunque a la oradora mañanera no le guste el término—, vino la intempestiva reforma para aniquilar la tauromaquia en México, seguida del teatro legislativo montado estratégicamente para mantener al pueblo dividido entre animalistas y taurinos, entre buenos y malos, entre defensores y opresores, entre patriarcado y feminismo.
Las discusiones se trasladaron a los cafés y a las redes: si el probable responsable era americanista, si la fiesta brava sin sangre alcanzará a la Feria Nacional de San Marcos, si la vocera nacional llamó “carroñera” e “hipócrita” a la oposición, y cuántos más epítetos se puedan decir en la tribuna mediática del Estado —esa que no informa: adoctrina—.
Mientras tanto, se deja de hablar de los muertos. De los desaparecidos. De las casas de seguridad. De los centros de exterminio. De las casas donde se recluta, adiestra, tortura o ejecuta.
En este contexto, recupero el artículo reciente Desvivir, de Edilberto Aldán, quien reflexiona con lucidez sobre el uso de eufemismos para suavizar el impacto de la violencia en el discurso oficial. Palabras como “desvivir” en lugar de “asesinato”, o “ajuste de cuentas” en vez de “ejecución”, se han convertido en herramientas de manipulación para evitar enfrentar la crudeza de la realidad.
Esta distorsión del lenguaje, que ya hemos abordado antes, no solo altera la percepción social de la seguridad, sino que también contribuye a la impunidad y a la inacción frente al crimen organizado.
La narrativa oficial insiste en que la violencia ha disminuido. Pero las cifras y los testimonios ciudadanos contradicen ese discurso. Se presume una reducción del 22% en los homicidios, lo cual, aunque digno de reconocimiento, no justifica celebraciones: seguimos contando 77 asesinatos diarios, frente a los 71 registrados en el sexenio de Peña Nieto y los 55 diarios en el periodo que este gobierno ha etiquetado como “el origen del mal” del innombrable Calderón. Además, este gobierno ha dejado de contabilizar oficialmente a los desaparecidos. Tan solo en estos escasos noventa días del año, más de 7,000 personas figuran en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. No son cifras: son casi 80 vidas diarias.
En Aguascalientes, no estamos exentos. Más de 100 homicidios promedio por año contabilizados en los últimos ocho años contrastan con los 46 por año en el periodo de 2011 a 2016. No se trata de repartir culpas, sino de hacer conciencia: la realidad está más allá de las cifras y de los discursos. Como ciudadanos, tenemos derecho a conocer la verdad.
Nuestro Estado, por su condición política, social y geográfica, tiene el potencial para implementar políticas públicas integrales. Ha habido avances, sí, pero no podemos permitir que las cifras de violencia sigan escalando.
Enfrentar al crimen organizado requiere un enfoque integral. Se deben articular las acciones aisladas que hoy emprenden los distintos niveles de gobierno y transformarlas en una sola estrategia. Una verdadera política de seguridad debe contemplar: la tecnificación de los cuerpos policiacos, la capacitación permanente, los programas sociales (como Jóvenes Construyendo el Futuro), el blindaje institucional y territorial, la coordinación intergubernamental y, sobre todo, la participación activa de la comunidad.
La violencia debe entenderse como un problema de salud pública. Mientras la seguridad siga siendo tratada como un botín político entre gobiernos de distintos colores, o como un pacto de conveniencia con grupos criminales, el problema seguirá siendo el mismo… gobierne quien gobierne.
Necesitamos partir de un diagnóstico integral de la seguridad pública. Una coordinación real, efectiva y transparente entre instituciones y comunidad. Programas preventivos basados en evidencia georreferenciada. Intervención permanente y profesional de actores clave: policías, maestros, familias, organizaciones civiles. Una estrategia de evaluación continua, con datos reales, que retroalimente el diagnóstico y cierre un círculo virtuoso de información, acción y compromiso.
La salud de nuestra sociedad debe ser nuestro compromiso común. No aspiro a que seamos como Dinamarca o cualquier otra latitud idealizada. Solo deseo que trabajemos, juntos, por construir una mejor sociedad para nuestros hijos.
La violencia es un problema de salud pública. Su virus: el crimen organizado. Su vacuna: una fórmula con dos componentes activos: sociedad y gobierno. La eficacia del tratamiento depende de un solo principio: cero corrupción.
Nos leemos en la siguiente.