Vigilia. Entre lo público, la razón y el juicio
Miguel Ángel Juárez Frías
Hay una expresión que se ha vuelto recurrente en nuestra vida pública: “el pueblo decidió”, se utiliza: después de una elección; para defender una reforma; justificar una mayoría legislativa; respaldar una consulta; y, en estos últimos años, para cerrar cualquier discusión como pilar que justifica la ilegalidad, la corrupción y la impunidad.
La frase tiene una fuerza política enorme porque nadie quiere colocarse frente al pueblo, mucho menos aparecer como adversario de su voluntad.
El problema comienza cuando intentamos responder una pregunta bastante sencilla: ¿quién es el pueblo?
¿Son quienes votaron por el gobierno? ¿La mayoría que ganó una elección? ¿Los legisladores que recibieron esos votos? ¿El Presidente? ¿Una consulta? ¿Una encuesta? ¿O estamos hablando de algo más amplio, de una comunidad política integrada también por quienes perdieron, por quienes no participaron e incluso por quienes todavía no han nacido pero algún día quedarán sujetos a las decisiones que hoy tomamos?
Parece una discusión teórica, pero tiene consecuencias bastante concretas. Quien logra apropiarse de la expresión “el pueblo” adquiere algo más importante que una mayoría: obtiene una justificación para ejercer el poder en su nombre. Precisamente para resolver ese problema comenzó a construirse otro de los grandes pilares del Estado moderno.
Durante siglos la soberanía estuvo vinculada a una persona. El rey gobernaba porque él mismo encarnaba el poder del Estado, su autoridad podía provenir de Dios, de la tradición o simplemente de una estructura política que durante generaciones había aceptado que así fuera. La transformación democrática consistió en romper esa idea y trasladar el origen del poder hacia otro lugar: la comunidad política.
Rousseau ayudó a explicar ese tránsito a partir de una idea que sigue siendo profundamente incómoda. Cada persona posee voluntad y libertad propias, pero vivir en sociedad exige construir decisiones que puedan obligarnos a todos; de esa necesidad surge la voluntad general, una voluntad que no pertenece a ningún individuo en particular y que tampoco puede confundirse simplemente con la suma momentánea de intereses privados.
Ahí aparece la soberanía popular. El poder deja de encontrar su legitimidad en quien gobierna y comienza a encontrarla en quienes aceptan formar parte de una comunidad política.
Pero resolver el origen del poder todavía dejaba pendiente un problema bastante práctico: millones de personas no pueden reunirse todos los días para decidir cada acto del Estado. Sieyès enfrentaría esa dificultad desde otra perspectiva, la nación es titular del poder constituyente y, mediante representación, puede encomendar a un cuerpo la tarea extraordinaria de construir el orden político bajo el cual habrá de vivir. Ese poder tiene una característica que conviene recordar: no gobierna permanentemente, constituye.
Crea el Estado; define sus órganos; distribuye competencias; reconoce derechos; establece límites. Para que una vez construido ese orden aparezcan los poderes constituidos, aquellos que nosotros conocemos todos los días como Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y en las últimas épocas los órganos autónomos.
La diferencia puede parecer una sutileza jurídica, pero cambia por completo la manera de entender la democracia. Un Presidente electo por millones de votos sigue siendo un poder constituido; también lo es un Congreso respaldado por una mayoría abrumadora y, por supuesto, un Tribunal. Todos reciben facultades; ninguno recibe la soberanía.
Quizá por eso deberíamos ser muy cuidadosos cada vez que escuchamos que alguien habla “en nombre del pueblo”. En democracia las mayorías importan, claro que importan, porque permiten decidir quién ejercerá temporalmente determinadas responsabilidades públicas. Pero ganar una elección no convierte a nadie en propietario de la voluntad colectiva, como tampoco perderla expulsa a una parte de la sociedad de la comunidad política.
El pueblo sigue siendo más grande que cualquier mayoría, también más grande que cualquier gobierno. Esa fue precisamente una de las grandes conquistas de la modernidad: separar al soberano de quienes temporalmente ejercen el poder.
México lo expresa de manera particularmente clara en su propia Constitución cuando establece que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo y que todo poder público dimana de él. La frase la conocemos desde la escuela, aunque quizá pocas veces nos detenemos a pensar en la profundidad de lo que significa.
Todo poder dimana del pueblo: pero ningún poder es el pueblo. Entre una cosa y otra existe una diferencia que sostiene buena parte de nuestro sistema constitucional.
Porque si aceptáramos que una mayoría electoral, un presidente o un Congreso pueden convertirse por sí mismos en expresión completa de la soberanía, desaparecería prácticamente toda posibilidad de límite. Bastaría invocar al pueblo para justificar cualquier decisión tomada en su nombre.
La teoría democrática moderna construyó algo más complejo y, probablemente, mucho más inteligente: el pueblo conserva la soberanía, mientras sus representantes reciben solamente facultades temporales para ejercer el gobierno dentro de un orden previamente establecido.
Ese orden tiene un nombre: Constitución.
Quizá ahí comienza la siguiente pregunta: Si la Constitución es la forma jurídica mediante la cual una sociedad organiza su voluntad, distribuye el poder y establece los límites de quienes habrán de ejercerlo, ¿qué ocurre cuando los poderes constituidos pretenden modificar aquello que precisamente les dio existencia?
Esa discusión ya no pertenece solamente a la democracia: pertenece a la supremacía constitucional. Pertenece a un debate que responsablemente debemos llevar a la mesa cada día, porque es ahí donde se cimentan nuestras libertades, nuestros derechos.
Nos leemos la siguiente.