John Ackerman/ La Jornada
Ciudad de México.- Oaxaca está en ruinas. La esperanza del gobierno de la transición
de Gabino Cué muy rápidamente se convirtió en una pesadilla marcada por la represión, la impunidad y malos manejos financieros. Como Vicente Fox y Felipe Calderón a escala nacional, Cué desperdició una oportunidad de oro para transformar la forma de ejercer la autoridad y de relacionarse con la ciudadanía.
Pero el retorno del PRI en Oaxaca en 2016 amenaza ser aún más desastroso que el regreso del PRI al nivel federal desde 2012. El nuevo gobernador, Alejandro Murat, pertenece a una nueva generación de gobernadores del PRI que ha resultado ser aún más cínica y corrupta que sus predecesores. Bebesaurios, como Javier Duarte, Humberto Moreira, Manuel Velasco, Rodrigo Medina, Tomás Yarrington, César Duarte y el mismo Enrique Peña Nieto, han sido un total desastre para el país y para sus entidades federativas. En las próximas elecciones para gobernador en el estado de México, en 2017, Alfredo del Mazo Maza ya se prepara para repetir el mismo guión.
Murat ha desdeñado la legalidad desde el primer día de su gestión. En lugar de establecer los acuerdos necesarios para poder tomar posesión de acuerdo con la ley en la sede del Congreso del estado, el nuevo gobernador decidió celebrar un acto improvisado a la 1:30 AM en las instalaciones de la televisora estatal.
El artículo sexto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca dice explícitamente que el Congreso del estado tendrá su residencia oficial en la ciudad de Oaxaca de Juárez, celebrará sus sesiones en el edificio sede del Poder Legislativo y no podrá trasladarse a otro lugar, sin que así lo acuerden las tres cuartas partes de los diputados presentes
. Sin embargo, no se emitió convocatoria oficial alguna a los diputados para la celebración de la sesión extemporánea de toma de posesión. Tampoco hay documentación que indique que los diputados hayan acordado trasladar la sesión a la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión.
Asimismo, el Reglamento Interior del Congreso del Estado de Oaxaca establece con gran precisión el protocolo que se debe seguir para el traslado de poderes entre el gobernador saliente y el entrante. El gobernador saliente no asistió al acto de traslado de poderes, lo cual resta validez legal a la ceremonia.
Las irregularidades con la toma de posesión fueron tan evidentes que el ex candidato a gobernador del estado y ahora coordinador en Oaxaca de Morena, Salomón Jara, ha anunciado que presentará una denuncia penal contra el nuevo gobernador por usurpación de funciones. El artículo 233 del Código Penal del estado señala que “se sancionará con prisión de un mes a cuatro años y de seis a 35 días de multa… al que, sin ser funcionario público, se atribuya ese carácter y ejerza algunas de las funciones de tal”. Si la toma de protesta no cumplió con la normativa, Murat todavía no sería legalmente gobernador y todos los actos de su gobierno serían nulos.
Ésta no es la primera vez que Murat haya sido acusado de violar la ley. El nuevo gobernador fue acusado de desfalcos millionarios cuando fungió como titular del Infonavit en el gobierno de Peña Nieto (véase: http://ow.ly/nPFj306NhJn). También hay que recordar el importante reportaje publicado por The New York Times en 2015 sobre las múltiples propiedades millonarias que esconde la familia Murat en Nueva York, Florida y Utah por medio de la utilización de prestanombres y empresas fantasmas (véase: http://ow.ly/FZwh306Nhpo).
Las primeras declaraciones y acciones de Murat tampoco son alentadoras. El día después de su toma de posesión, policías detuvieron arbitrariamente a la activista Susana Molina por su participación en las protestas sociales de 2010 en Oaxaca. Asimismo, Juan Nicolás López, enfermero de la clínica de Nochixtlán, y su abogado Roque Martínez siguen hoy en prisión preventiva de manera ilegal en castigo por haber tenido la valentía de denunciar detalles claves sobre la masacre del 19 de junio (véase: http://ow.ly/v4am306NioM).
El nuevo gobernador ha evitado hacer mención alguna al crimen de Estado cometido en Nochixtlán. Al parecer, la consigna es hacer todo lo posible para garantizar la total impunidad en éste y otros agravios cometidos durante el sexenio anterior. Hasta la fecha, las autoridades no han abierto una sola averiguación previa contra los agentes del Estado mexicano, estatales y federales, presuntamente responsables por ocho muertos y más de 150 heridos de bala aquel fatídico y criminal 19 de junio.
La buena noticia, sin embargo, es que el movimiento magisterial y social sigue hoy más fuerte que nunca en el estado de Oaxaca. La sección 22 del sindicato nacional, perteneciente a la CNTE, ha logrado parar en seco la aplicación de la contrarreforma educativa en la entidad. Asimismo, en las elecciones de 2016 Murat solamente recibió 31 por ciento de la votación, unos 525 mil votos, 100 mil votos menos que el candidato del PRI para la gubernatura en 2010, Eviel Pérez Magaña. El poder del nuevo
PRI se encuentra literalmente colgado con alfileres.
Se abre el escenario entonces para un gran levantamiento popular en favor de la justicia, la democracia y la justicia en Oaxaca. Los virreyes vienen y se van, pero el pueblo digno se mantendrá de pie y luchará, como siempre, hasta la victoria.