New York Times
Ciudad de México.- En la historia de la guerra moderna es mucho más probable que un combatiente hiera a un enemigo, en vez de matarlo.
Pero en México es al revés.
Según las cifras del gobierno, las fuerzas armadas mexicanas matan con una eficiencia abrumadora, apilan cuerpos a gran velocidad.
Las autoridades mexicanas dicen que sus soldados están mejor entrenados que los miembros de los carteles con los que se enfrentan. Pero los expertos que estudian el tema dicen que la tasa de muertos de las fuerzas armadas mexicanas no tiene comparación y que revela algo mucho más oscuro.
Paul Chevigny, profesor jubilado de la Universidad de Nueva York y pionero del estudio de la letalidad en diferentes fuerzas armadas, dijo que “hay ejecuciones sumarias”.
Un estudio sobre las guerras desde finales de los años setenta del Comité Internacional de la Cruz Roja encontró que en la mayoría de los escenarios de combate entre grupos armados por cada persona muerta hay una media de cuatro heridos. A veces, incluso más.
En México la cuenta es a la inversa: el Ejército mexicano mata a ocho enemigos por cada uno que hiere.
Para su fuerza de élite, la Marina, la discrepancia es aún más pronunciada: según sus propios datos, mata a 30 combatientes por cada uno que hiere.
Las cifras se desprenden del documento “Índice de letalidad 2008-2014: Disminuyen los enfrentamientos, misma letalidad aumenta la opacidad” publicado en junio de 2015 por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México (UNAM). El trabajo tiene como fundamento una serie de estadísticas oficiales obtenidas mediante solicitudes de acceso a la información pública.
Las estadísticas, que el gobierno dejó de publicar en 2014, ofrecen una imagen única sobre el papel que han asumido las fuerzas armadas mexicanas en la guerra contra el crimen organizado. Durante la última década, a medida que los marinos y soldados mexicanos han sido enviados a la línea de combate, las violaciones a los derechos humanos se han disparado.
Aun así, las fuerzas armadas continúan siendo intocables, protegidas por un gobierno reacio a imponerse sobre la única institución a la que puede enviar al combate. Se han tomado muy pocos pasos para investigar las miles de acusaciones de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que se han registrado desde que el entonces presidente Felipe Calderón declarara la guerra contra las drogas hace una década.
De las 4000 denuncias por tortura revisadas por la Procuraduría General de la República (PGR) desde 2006, solo 15 han terminado con una condena.
Juan E. Méndez, relator especial sobre la tortura de Naciones Unidas, dijo que “la tortura no solo es generalizada, sino que está rodeada por la impunidad. Si el gobierno sabe que es frecuente y no se presentan cargos o aquellos que llegan a juicio no van a ningún sitio, la culpa es del Estado”.
Las fuerzas armadas mexicanas no respondieron a las solicitudes de entrevista. El general Salvador Cienfuegos, secretario de Defensa, ha exculpado a la institución al decir que es la única que se enfrenta al crimen organizado y que, además, está ganando la batalla.
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Una bodega en Tlatlaya, a las afueras de Ciudad de México, donde el ejército mató a 22 personas durante una confrontación en junio de 2014. La Comisión de Derechos Humanos de México determinó que por lo menos 15 de ellos habían sido ejecutados y que los soldados habían alterado la escena para dar la impresión que hubo un enfrentamiento. Credit Rebecca Blackwell/Associated Press
“Estamos en las calles porque la sociedad nos los pide”, dijo Cienfuegos al diario Milenio este mes.
El Ejército ha matado a alrededor de 3000 personas entre 2007 y 2012. En ese periodo han muerto 158 soldados. Hay quienes creen que esa cifra de muertos es puro pragmatismo. En México, donde menos del dos por ciento de los homicidios terminan en condena, las fuerzas armadas matan a sus enemigos porque no se puede confiar en el sistema judicial.
El gobierno ha recibido oleadas de presión por este tema. En marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el comportamiento de México en materia de derechos humanos, incluyendo las ejecuciones extrajudiciales; la CIDH se sumó así al informe previo de Naciones Unidas que decía que la tortura se practica de manera generalizada.
Hace varias semanas, se hizo pública una grabación —que se volvió viral— en la que un soldado golpea a una mujer mientras un agente de la policía le pone una bolsa en la cabeza para asfixiarla. Hubo una petición de disculpas públicas por parte de las fuerzas armadas, algo nunca antes visto.
Incluso en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, el papel del Ejército y la protección con la que cuenta ha sido objeto de controversia y polarización. Según el informe de la comisión de expertos extranjeros que investigó el caso, la noche de la desaparición hubo soldados presentes. Sin embargo, el Ejército no aceptó entrevistarse con los expertos y el gobierno no se lo exigió.
El gobierno dice que se toma en serio los derechos humanos y aprueba leyes para contrarrestar los abusos, proteger a las víctimas y permitir que se juzgue a los soldados en tribunales civiles. Afirma que hay una política de derechos humanos nueva en el Ejército y señala que durante la administración del presidente actual, las quejas contra el Ejército han disminuido de manera importante.
“Cada informe sobre violaciones de los derechos humanos es inquietante”, dijo el gobierno. “Pero esos casos aislados no reflejan el estado general de los derechos humanos en el país”.
Aunque las denuncias por tortura contra las fuerzas armadas han caído desde 2011 —fecha en la que se redujo de manera importante el despliegue de tropas en el país— la letalidad de los encuentros no ha disminuido según los datos hechos públicos a principios de 2014.
La relación singular entre el Ejército y el gobierno se remonta a más de 70 años, cuando el país salió de una guerra civil. Para mantener la estabilidad, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) llegó a un acuerdo con las fuerzas armadas: a cambio de una autonomía casi total, el Ejército no intervendría en política.
A diferencia de la mayoría de países de América Latina, en México nunca ha habido un golpe de Estado. Y aunque el gobierno a menudo no ha sido generoso con el presupuesto dedicado a la defensa, siempre ha protegido al Ejército del escrutinio externo.
Y esa protección se ha mostrado de vital importancia desde 2006, cuando el Ejército salió a las calles para combatir a los carteles y como consecuencia aumentó la violencia. A medida que las denuncias alcanzaban cifras récord, el gobierno optó por no hacer nada por limitar al Ejército en su competencia.
Y desde hace dos años, las fuerzas armadas dejaron de publicar las cifras de muertos. Sin esos datos, según los expertos, es muy difícil saber el nivel de violencia real que ha alcanzado la guerra contra el crimen organizado.