Comunicado
Aguascalientes.- De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas el 23 de junio de cada año se conmemora el Día de la Administración Pública, que en 2017 tiene como finalidad destacar la contribución de la Administración Pública al proceso de desarrollo de los países y al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como parte de la Agenda 2030, y cuyas metas se relacionan con el quehacer cotidiano de los gobiernos nacionales, regionales y locales encauzado a elevar el nivel de bienestar de la población.
En este contexto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta, a través de este documento, información estadística sobre algunas características sociodemográficas de los recursos humanos que componen la Administración Pública Estatal, los trámites atendidos, así como el nivel de satisfacción de la población con los servicios que ofrecen las entidades federativas y algunas de sus ciudades en nuestro país.
La información proviene del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016 y de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015, los cuales son parte de los diversos proyectos que el INEGI realiza en el marco del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia.
PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ESTATALES
El número de servidores públicos respecto a la población de cada entidad federativa es una medida que aproxima a conocer la capacidad que tienen las administraciones públicas para atender las diversas demandas de la sociedad.
A nivel nacional, 2 283 652 personas laboraron en las administraciones públicas estatales en el año 2015, lo que representó alrededor de 2 servidores públicos por cada 100 habitantes en el país. En el mapa 1 se puede observar que el estado de Tabasco tuvo la mayor tasa de servidores públicos, con alrededor de 3.6 empleados gubernamentales por cada 100 habitantes, cifra que fue casi el doble del total nacional; también sobresalieron Nayarit, Durango, Guerrero y Yucatán como las entidades con las tasas más altas, con 3 servidores públicos por cada 100 habitantes. En contraste, Oaxaca y Puebla fueron las entidades con la menor cantidad de servidores públicos por cada 100 habitantes, con cifras menores a un servidor público en 2015.
– Las mujeres representaron 52.7% del personal remunerado de las administraciones estatales
Otro dato a destacar es la diversidad de la fuerza de trabajo en las administraciones públicas estatales, cuya importancia queda manifiesta en la meta 16.7 ODS que refiere a “garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades a todos los niveles”, con la cual se busca alcanzar la equidad en la participación laboral de los distintos grupos poblacionales en las instituciones públicas, ya sea por sexo, edad o condición de discapacidad.
Respecto a las mujeres, ellas deben estar representadas en el empleo del sector público con la finalidad de contribuir a la representatividad e igualdad de género en el país. En 2015, el 52.7% del personal de las administraciones estatales fueron mujeres y 47.3% hombres (Gráfica 1); este panorama fue más equitativo para ellas si se compara con su participación en la economía total, que fue de 38.4 por ciento.
Por entidad federativa, en la Ciudad de México se observó la menor participación de las mujeres en el sector público, con 35% del personal total; mientras, en el estado de Morelos tuvieron la mayor proporción, con 60.5% del total de los servidores públicos estatales en 2015.
Esta participación de las mujeres puede estar explicada porque, tradicionalmente, el empleo público ha atraído a las mujeres debido a la estabilidad que ofrece en las condiciones de trabajo, por la existencia de prestaciones favorables hacia la familia y al perfil de ciertas profesiones como la docencia y la enfermería, en las que el sector público tiende a ser la principal fuente de empleo.
Sin embargo, de acuerdo con estudios de la OCDE, ellas todavía están sub-representadas entre quienes diseñan y toman decisiones en el sector público. Tan sólo en México, las mujeres que fueron titulares y encabezaron alguna institución pública estatal tuvieron menos del 20% del total de estos cargos. Ejemplo de lo anterior fue Morelos, que aun cuando se ubicó como la entidad con la mayor proporción de mujeres titulares, únicamente ocuparon 36.7% del total de puestos directivos, mientras que en Guerrero este porcentaje fue de 9.6% por ciento. Estos resultados sugieren la existencia de factores que limitan la participación de las mujeres en puestos de dirección, por lo que se requieren acciones de política tendientes a cerrar las brechas en este tema.
– Los ingresos del personal del sector público
El 38.4% del personal del servicio público recibió por su trabajo menos de 10 mil pesos mensuales brutos en el año 2015; que es una proporción similar a quienes obtuvieron entre 10 mil y 20 mil pesos. La suma de ambos estratos nos informa que 79.1% de los servidores públicos estatales en el país percibieron en 2015 menos de 20 mil pesos mensuales (Gráfica 2). Estos niveles de ingreso no tuvieron cambios respecto a lo observado en 2014.
Por entidad federativa, la mayor proporción de personas con sueldos mensuales superiores a 20 mil pesos se encontró en Baja California, con 45.5% del total de empleados gubernamentales; le siguieron la Ciudad de México y Jalisco, con 37.5 y 34.9% del total de su personal, respectivamente. En contraste, en Oaxaca 91.5% del total de sus trabajadores estatales ganaron menos de 10 mil pesos brutos mensuales; le siguieron Tlaxcala y Durango con 78.0 y 72.5 % del total, respectivamente.
Al analizar diferencias por sexo, 23% de los hombres que laboraron en las administraciones públicas estatales tuvieron un sueldo bruto mayor a los 20 mil pesos mensuales durante 2015. Por su parte, las administraciones públicas reportaron que 19% de las mujeres tuvieron ingresos en ese rango salarial (Gráfica 3).
Esta situación fue distinta para otros niveles de salario. Por ejemplo, en el rango de ingresos brutos menores a 10 mil pesos mensuales, un mayor porcentaje de hombres que de mujeres fue reportado en este rango; mientras que una mayor proporción de mujeres que de hombres fue reportada en el rango medio de salario de 10 001 a 20 000 pesos mensuales.
Por entidad federativa, en Guanajuato, el Estado de México y Querétaro se observaron las mayores brechas de género entre quienes ganaron más de 20 mil pesos, donde la proporción de hombres fue notoriamente mayor a la de las mujeres, con diferencias de 7 a 12 puntos porcentuales en 2015. Mientras que en el grupo de ingresos de 10 mil pesos o menos, las mayores brechas a favor de los hombres se observaron en San Luis Potosí, Durango y Coahuila, con diferencias que oscilaron entre 9 y 15 puntos porcentuales.
En cambio, las entidades con las menores brechas de género en el ingreso fueron Tabasco, Oaxaca, Quintana Roo y la Ciudad de México, donde se observaron diferencias menores a 0.2 puntos porcentuales entre la proporción de hombres y mujeres que ganaron más de 20 mil pesos brutos mensuales en 2015.
– La mayoría de quienes laboraron en las administraciones públicas estatales tuvieron entre 30 y 49 años
Otra forma de conocer la diversidad en el servicio público es a través de la distribución etaria en la Administración Pública Estatal.
En México, las y los jóvenes fueron el grupo menos representativo en el sector público. En 2015, por cada 100 personas que laboraron en los gobiernos estatales, 59 tuvieron entre 30 y 49 años, 25 tuvieron 50 años o más, y 16 tuvieron entre 18 y 29 años de edad (Gráfica 4).
Por entidad federativa destacó Michoacán con la mayor proporción de jóvenes menores a 30 años de edad, quienes representaron 33.4% del total de burócratas en ese estado; por su parte, San Luis Potosí y la Ciudad de México tuvieron el mayor porcentaje de servidores(as) públicos con 50 años o más de edad, con cifras cercanas a 29% del total de su personal.
– Las administraciones públicas estatales tienen, en su mayoría, personal de base o sindicalizado
Otra característica del personal de las administraciones públicas estatales es el tipo de contratación. Este es un elemento importante que incide en el nivel de ingresos, la productividad laboral, la formación profesional, la rotación laboral y el grado de satisfacción de quienes trabajan en el sector público.
En 2015, la mayoría de los servidores públicos en las entidades federativas fueron sindicalizados o de base. De cada 100 servidores públicos, 65 fueron sindicalizados o de base, 17 fueron de confianza y 12 tuvieron una contratación eventual o estuvieron laborando mediante el esquema de honorarios (Gráfica 5).
Al interior del país, en estados como Veracruz, Nayarit, Guerrero y Michoacán el personal de base o sindicalizado representó más del 80% del total de su personal gubernamental en 2015. Algunas de las excepciones fueron Quintana Roo, Chiapas y Coahuila, donde la mayor proporción de trabajadores fue de confianza, con cifras que oscilaron entre 49 y 46% del total en ese año.
Aunque en ninguna de las entidades la contratación eventual o por honorarios fue la más común, los porcentajes más altos se observaron en Aguascalientes y Quintana Roo, con alrededor de 25% de su personal total.
– La capacitación se dio en poco más de la mitad del personal estatal
Además de las funciones sustantivas del gobierno, las administraciones públicas también deben implementar acciones específicas para el mejoramiento de la calidad y eficiencia de los bienes y servicios que ofrecen. Una de estas acciones es la profesionalización de los recursos humanos, cuyo objetivo es que el personal cuente con mayores capacidades, actitudes y valores para que puedan desempeñarse de forma más eficiente y efectiva en su trabajo, y que así mismo promuevan su desarrollo.
Para tener un primer acercamiento de lo anterior, se eligieron dos prácticas que las administraciones públicas estatales realizaron para la profesionalización de su personal: 1) programas de capacitación y 2) mecanismos de evaluación de desempeño.
Durante 2015, a nivel nacional casi 56% de las instituciones públicas estatales (1 949 instituciones) implementaron algún programa de capacitación dirigido a su personal (Gráfica 6).
Por un lado, destacaron Aguascalientes, Chiapas, Jalisco y San Luis Potosí con el 100% de sus instituciones públicas estatales que implementaron algún programa de capacitación en ese año. En contraste, en Campeche, Coahuila y Sonora poco menos de 5% del total de sus instituciones estatales impartió cursos de capacitación a su personal durante 2015.
Asimismo, en la gráfica 6 se observa que a nivel nacional 22.4% de las instituciones públicas estatales implementaron mecanismos de evaluación del desempeño de su personal. Por entidad federativa, el 100% de instituciones estatales de Chiapas contó con esta medida, seguido de Guanajuato y Zacatecas con niveles superiores a 80% del total. En contraparte, estados del norte como Sonora, Chihuahua y Coahuila, además de Michoacán y Yucatán mencionaron no contar con algún mecanismo para la evaluación del desempeño de sus servidores públicos.
Estas cifras ofrecen un panorama general de las características del personal que labora en las instituciones de los gobiernos estatales de nuestro país para atender las diversas demandas que realiza la población, la mayoría de éstas relacionadas con trámites y servicios ofrecidos por los estados.
TRÁMITES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ESTATALES
El punto de encuentro más común entre la ciudadanía y el gobierno es a través de la solicitud o realización de trámites o servicios públicos. De acuerdo con la gráfica 7, a nivel nacional, las administraciones públicas estatales atendieron 3.9 trámites por cada habitante de 18 años y más, como respuesta a las diversas solicitudes de las personas para obtener algún producto, servicio o cumplir con alguna obligación pública en 2015.
El análisis por entidad federativa revela heterogeneidades importantes en este indicador. Como ejemplo están Nuevo León y Tlaxcala donde se atendieron 16 y 11 trámites por cada habitante de 18 años y más, respectivamente, mientras que en Guerrero la tasa de atención se ubicó en 0.2 trámites por adulto en 2015.
Los trámites y servicios brindados con mayor frecuencia por las instituciones públicas estatales durante 2015 se relacionaron con la salud y las consultas médicas, que en conjunto representaron 37.7% del total de los trámites gubernamentales. El segundo trámite más común fue el relacionado con la vialidad y transporte: trámite de licencias para conducir o la tenencia vehicular, que representó 17.8% del total de trámites. Aquellos relacionados con el registro civil y los servicios educativos de distintos niveles, representaron 6.5 y 7.1%, respectivamente (Gráfica 8).
Los trámites y servicios pueden ser valorados por la ciudadana mediante su grado de satisfacción con los mismos, así como con el trato recibido por parte de los servidores públicos. Esta medición podría coadyuvar a las instituciones públicas a evaluar su relación con los usuarios y a conocer los aspectos de mejora para otorgar más y mejores servicios públicos.
SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN CON LOS TRÁMITES Y SERVICIOS PRESTADOS POR LAS ENTIDADES
La meta 16.6 de los ODS se encamina a crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles, y para medir su avance, el indicador 16.6.2 se centra en la proporción de la población que se siente satisfecha con su última experiencia de los servicios públicos.
En México, 75.4% de la población adulta de las áreas urbanas estuvo satisfecha o muy satisfecha con el trato que recibieron al realizar algún trámite presencial ante un empleado gubernamental durante 2015, porcentaje menor al observado en el año 2013 (77.6%).
En Tamaulipas y Nuevo León esta cifra se ubicó en más del 85%, mientras que el Estado de México tuvo la proporción más baja de adultos satisfechos con el trato recibido por el personal de la Administración Pública Estatal, con 65.8% de satisfacción (Gráfica 9).
Además de los trámites gubernamentales, los estados proporcionan bienes públicos sin la necesidad de que los ciudadanos hagan una petición o lleven a cabo un trámite para obtenerlos. Como ejemplo están las carreteras y caminos, la red de agua potable o el servicio de policía para el mantenimiento del orden público. Asimismo, los gobiernos ofrecen bienes y servicios que se entregan bajo una solicitud expresa del ciudadano, como es el caso de la atención médica, los servicios educativos o el transporte público, entre otros.
En general para los servicios estatales, 38 de cada 100 usuarios de 18 años y más de edad que residieron en áreas urbanas del país estuvieron satisfechos con los servicios provistos por la entidad federativa. Este nivel de satisfacción fue menor a lo observado en 2013, cuando 46 de cada 100 estaban satisfechos o muy satisfechos con los mismos servicios (Gráfica 10).
En 2015, en Nayarit, Baja California Sur, Colima y Yucatán más del 50% de los usuarios mencionaron sentirse satisfechos con los servicios públicos brindados por la entidad. Mientras que en Oaxaca, Chiapas y Tabasco alrededor de una cuarta parte de la población usuaria declaró sentirse satisfecha o muy satisfecha con los servicios provistos por el estado.
Previo a la indagación en la satisfacción de los usuarios de los servicios públicos, la ENCIG explora la existencia de una serie de atributos de calidad para cada uno de esos servicios. Estos atributos están relacionados con los factores (oportunidad en la entrega, actitud, profesionalismo, eficacia, etc.) que modulan la satisfacción con dichos servicios y que son una herramienta útil para los involucrados en la prestación de los servicios públicos, puesto que permiten identificar áreas concretas de mejora.
En el análisis por tipo de servicio, se observó que 47% de los adultos urbanos y usuarios de los servicios de salud estatal o del Seguro Popular estuvieron satisfechos o muy satisfechos con el servicio en 2015 (Gráfica 11. Este nivel de satisfacción fue menor al observado en 2013 cuando esta razón se ubicó en 54.9 por ciento. Por entidad federativa, la proporción de usuarios satisfechos osciló entre 33 y 67 por ciento. En las áreas urbanas de San Luis Potosí, Baja California Sur, Nuevo León y Zacatecas, alrededor de dos tercios de la población estuvo satisfecha con los servicios de salud estatales. Mientras que en Chiapas, Oaxaca y Tabasco, se observaron los menores niveles de satisfacción con los servicios públicos de salud, con un tercio de la población satisfecha.
Otro servicio relevante para la sociedad mexicana es la educación pública, la cual puede ser agrupada en educación obligatoria y educación superior universitaria.
En cuanto a la educación obligatoria que abarca la primaria, secundaria o bachillerato, 61% de la población residente en las áreas urbanas de nuestro país manifestó estar satisfecha con los servicios educativos; este nivel de satisfacción fue similar al año 2013.
En 2015, los porcentajes más bajos de satisfacción con la educación básica se observaron en Oaxaca, Tabasco, Michoacán y Querétaro, en las que poco menos de la mitad de la población adulta se declaró satisfecha o muy satisfecha. Mientras que, en el resto de las entidades, la mayoría de la población expresó estar satisfecha con el servicio educativo básico ofrecido en su entidad. Destacó Sinaloa, donde se observó un nivel de satisfacción de 75% en la población usuaria.
Con relación a la educación pública universitaria se encontró que, en 2015, alrededor de 8 de cada 10 estudiantes estuvieron satisfechos o muy satisfechos con la atención recibida por la universidad pública del estado. Este grado de satisfacción llegó en algunas entidades federativas a ubicarse en 9 de cada 10 usuarios, como Yucatán, Aguascalientes, Guanajuato, Colima y San Luis Potosí (Gráfica 13).
En contraste, en Oaxaca 4 de cada 10 estudiantes urbanos declaró sentirse satisfecho o muy satisfecho con los servicios de educación universitaria proporcionados por su estado. De hecho, independientemente del nivel educativo, los ciudadanos del estado de Oaxaca tuvieron el menor grado de satisfacción con los servicios educativos que recibieron ellos o sus hijos, en comparación con los residentes del resto del país.
SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS DE LA CIUDAD
A continuación, se presentan resultados para el caso de los servicios públicos básicos otorgados en la ciudad, como el suministro de agua potable, recolección de basura, drenaje, alcantarillado y alumbrado público, entre otros. En 2015, poco más de la mitad de la población urbana (51.7%), de 18 años y más, estuvo satisfecha o muy satisfecha con el servicio de agua potable que recibieron en sus hogares (Gráfica 14), aunque esta proporción fue menor a la observada en 2013 (57.6%). El grado de satisfacción se indagó después de consultar sobre si el suministro llegaba de forma constante y con presión, si el agua era pura y cristalina, si era bebible o si se desperdicia por fugas en las tuberías de las calles.
Por entidad federativa, los habitantes de Nuevo León, Baja California y Querétaro tuvieron los mayores niveles de satisfacción del país con el servicio de agua potable. En contraste, en algunos estados del sur del país, como Tabasco, Guerrero y Chiapas, menos de un tercio de los residentes urbanos estuvieron satisfechos con el suministro de agua potable.
Por su parte, la recolección de basura fue uno de los servicios municipales mejor evaluados en 2015, con 61% de la población urbana adulta que estuvo satisfecha o muy satisfecha en ese año (porcentaje menor a 2013, cuando se ubicó en 67.3%). Este grado de satisfacción fue declarado por los usuarios a partir de algunas características como la oportunidad del servicio, la necesidad de dar cuotas o propinas a los empleados de limpia, así como la separación de los residuos.
Entre las entidades cuyos residentes evaluaron mejor estos servicios, destacaron Nuevo León y Querétaro, con más del 80% de la población urbana adulta que estuvo satisfecha o muy satisfecha con la recolección de basura en 2015; en cambio, entre 36% y 34% de los habitantes urbanos de 18 años y más de Guerrero y Michoacán, estuvieron satisfechos con este servicio en ese mismo año.
En cuanto al servicio de drenaje y alcantarillado, a nivel nacional 4 de cada 10 personas de 18 años y más en áreas urbanas estuvieron satisfechas o muy satisfechas con este servicio en 2015 (Gráfica 15). Los usuarios reportaron este grado de satisfacción considerando si el drenaje estaba conectado a su vivienda, la frecuencia del mantenimiento, la limpieza para evitar inundaciones y/o encharcamientos, así como la presencia de fugas de aguas negras.
Por entidad federativa, Colima, Jalisco y Guanajuato fueron las entidades donde la población urbana evaluó mejor este servicio, con poco más de la mitad de los encuestados; mientras que los residentes de Tabasco y Yucatán tuvieron los menores niveles de satisfacción, con una proporción que no superó los 20 puntos porcentuales del total de adultos de las zonas urbanas.
Por último, a nivel nacional el servicio de alumbrado público obtuvo uno de los niveles de satisfacción más bajos en comparación con otros servicios públicos ofrecidos en la ciudad, con 3 de cada 10 adultos que manifestaron estar satisfechos o muy satisfechos (Gráfica 15). De hecho, este nivel disminuyó respecto a lo observado en 2013 (35.3 por ciento).
Por entidad federativa, la población adulta de Aguascalientes mostró el nivel de satisfacción más alto, con cerca de 6 de cada 10 residentes urbanos, lo que representó casi el doble del total nacional; Querétaro y Sinaloa también estuvieron entre las entidades con los niveles más altos de satisfacción, aunque la cifra no superó a la mitad de su población urbana. Del lado opuesto, sólo 2 de cada 10 residentes urbanos de Chiapas, Guerrero y Tabasco estuvieron satisfechos o muy satisfechos con este servicio.
El tema del alumbrado público es importante en términos de percepción de seguridad de la población, ya que, de acuerdo con algunos estudios realizados en México, contar con un buen servicio de alumbrado público disuade a los delincuentes al reducir las oportunidades para sorprender a sus víctimas, así como aumenta la posibilidad de que éstos sean reconocidos más fácilmente por las personas. De ahí la relevancia de este indicador, considerando que, en ese mismo periodo, 49% de la población urbana dejó de caminar de noche por los alrededores de su vivienda (pasadas las 20:00 horas) por temor a sufrir algún delito.
En resumen, la información aquí presentada revela los importantes desafíos que tienen los gobiernos locales para que puedan proveer servicios públicos de calidad a la población, así como para alcanzar una mayor diversidad en sus recursos humanos a través de la inclusión de diferentes grupos, como son las mujeres y los jóvenes.
Dentro del marco de la conmemoración del Día de la Administración Pública, este documento buscó destacar algunas características de las instituciones públicas estatales y resaltar su importante rol para el cumplimiento de las metas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
Así, el INEGI ofrece algunos datos disponibles sobre la Administración Pública en México, con lo que se busca promover el conocimiento y uso de la información relacionada con el tema de gobierno en nuestro país. Por lo que se invita a los usuarios a consultar la diversidad de proyectos afines y que son generados por el INEGI en el marco del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia.