Redacción
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro busca que Esmeralda, una adolescente de 14 años originaria de la comunidad indígena de Huimilpan, enfrente tres años de prisión y pague una indemnización de 500 mil pesos por un aborto espontáneo, informó Mayra Dávila Alvarado, dirigente del colectivo feminista Adax Digitales.
La joven, quien quedó embarazada producto de una violación, fue acusada de homicidio calificado luego de perder el embarazo.
Dávila Alvarado explicó que, aunque el embarazo de Esmeralda fue consecuencia de una violación por parte de un joven de 17 años, la FGE decidió cerrar el caso de agresión sin imputar al agresor y optó por no ejercer acción penal en su contra. A pesar de dictámenes médicos que indican que el aborto fue espontáneo, la fiscalía abrió una carpeta de investigación contra Esmeralda, alegando que el feto de 36 semanas falleció por asfixia tras el nacimiento.
Tras el incidente, la adolescente fue trasladada a un centro de salud donde se determinó que sufrió un “aborto espontáneo”. Sin embargo, al no estar legalizada la interrupción del embarazo en Querétaro, la fiscalía decidió investigar el caso, argumentando que el feto “nació muerto” pero por causas imputables a Esmeralda. Actualmente, la menor enfrenta un proceso judicial y se encuentra bajo prisión domiciliaria como medida cautelar, a la espera de que se realice su juicio en los próximos días.
La activista Mayra Dávila y el colectivo Adax Digitales han denunciado en repetidas ocasiones la criminalización de Esmeralda y han solicitado la reforma del código penal de Querétaro, en el cual los artículos 136 al 142 sancionan con penas de tres a seis años de prisión a las mujeres que deciden interrumpir una gestación. “Queremos que este código se modifique; no puede ser que una menor violada esté siendo procesada y el agresor esté libre”, afirmó Dávila Alvarado.
El caso ha despertado reacciones a nivel federal. Citlali Hernández, titular de la Secretaría de Mujeres, expresó su repudio a las acciones de la FGE en redes sociales, calificando la situación como “inadmisible” e “ilegal”. La funcionaria anunció que solicitará una mesa de trabajo con el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, así como con la FGE y otras instancias, para revisar el caso y asegurar la defensa de la menor. “No permitiremos que la procuración de justicia actúe sin perspectiva de género y de derechos humanos”, enfatizó Hernández.
En respuesta a esta situación, Dávila y otras integrantes de Adax Digitales instalaron un tendedero en el Jardín Zenea, en el centro histórico de Querétaro, con fotografías y nombres de deudores alimentarios. En el evento, demandaron a los legisladores locales que modifiquen los artículos que criminalizan a las mujeres que recurren al aborto. La activista recordó que, en septiembre, un juez federal otorgó un amparo a las organizaciones Adax Digitales y Gire, al considerar inconstitucionales ciertos artículos del código penal queretano que criminalizan a mujeres por decidir sobre su cuerpo.
“El código penal actual no solo castiga a las mujeres que interrumpen su embarazo, sino también a quienes las apoyan”, advirtió Dávila, quien declaró que, de mantenerse estos artículos, tanto ella como otras activistas estarían dispuestas a enfrentar prisión “orgullosamente” por su labor en defensa de los derechos reproductivos.
Con información de: La Jornada