Redacción
Ciudad de México.-El esquema de seguridad que rodea al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, desató una nueva confrontación política. Mientras el Gobierno de México y el propio exmandatario negaron de forma tajante contar con resguardo de corporaciones federales, la oposición —a través del PRI— difundió evidencia audiovisual que contradice la narrativa oficial, acusando la permanencia de un dispositivo de vigilancia policial en su rededor.
La polémica escaló luego de que circularan versiones sobre un supuesto despliegue de las fuerzas armadas para reubicar a Rocha Moya y ponerlo a salvo de una eventual acción judicial por parte de Estados Unidos. Ante esto, el Gabinete de Seguridad emitió una aclaración contundente: calificó como falsas las afirmaciones de que el sinaloense se encuentre oculto en instalaciones militares o bajo la custodia del Ejército Mexicano, la Marina o la Guardia Nacional. En sintonía, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó en su conferencia matutina que el político permanece de forma regular en su domicilio particular sin ninguna clase de blindaje federal.
No obstante, la senadora priista Paloma Sánchez contrapunteó la versión gubernamental al publicar un video grabado en una zona residencial de Culiacán. La legisladora exhibió que, si bien carece de elementos federales, Rocha Moya presuntamente mantiene una escolta operativa conformada por patrullas y agentes de la Policía Estatal. Sánchez cuestionó los motivos de este privilegio y detalló que, aunque el dispositivo se redujo de seis a tres camionetas, el resguardo oficial continúa activo por parte de las autoridades de Sinaloa, las cuales han guardado silencio sobre esta denuncia.
Rocha Moya, quien cumplió 69 días apartado temporalmente de su cargo tras solicitar licencia el pasado 1 de mayo, emitió un mensaje donde ratificó que permanece en su casa de Culiacán y que ya compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) para colaborar con las indagatorias locales. El exgobernador enfrenta un panorama complejo luego de que el Gobierno de Estados Unidos formalizara una investigación en su contra por presuntos vínculos de protección institucional con una facción del Cártel de Sinaloa y actividades de narcotráfico, solicitando además su detención provisional con fines de extradición. Por su parte, la federación reiteró que bajo la política de cero impunidad no se encubre a ningún perfil bajo proceso legal.