Giran orden de aprehensión contra Billy Álvarez por delincuencia organizada y lavado de dinero

Redacción

Un juez federal ha emitido nuevamente una orden de aprehensión contra Guillermo Álvarez Cuevas, ex presidente de la Cooperativa La Cruz Azul, por delincuencia organizada y lavado de más de 114 millones de pesos a través de empresas “factureras”. 

Enrique Beltrán Santés, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, ordenó la captura del ex directivo, considerando la privación de la libertad como el método más efectivo para asegurar su comparecencia ante la justicia.

La decisión del juez se dio en cumplimiento de un amparo concedido a Álvarez por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, que anuló la orden de aprehensión del 29 de julio de 2020 e instruyó reponer el procedimiento. 

Beltrán Santés concluyó que hay una “necesidad de cautela”, ya que no se tiene noticia de Álvarez desde hace cuatro años, lo que sugiere que su captura es la única forma de garantizar su presencia en el tribunal.

Además de la orden federal, Álvarez enfrenta una orden de aprehensión en el fuero común por presunta administración fraudulenta de 2 mil 257 millones 411 mil pesos, aunque es el caso federal el que compromete su libertad más severamente.

En un video reciente difundido en redes sociales, Álvarez Cuevas, cuyo paradero sigue desconocido, alegó que las acusaciones en su contra son intentos de dividir a la comunidad cementera. 

En su mensaje, dirigido a los “compañeros del núcleo cooperativo” de los centros de trabajo en Hidalgo, Aguascalientes, Lagunas y Puebla, manifestó su preocupación por la unidad y el bienestar de la organización y las comunidades vinculadas a La Cruz Azul.

“Ante las circunstancias vividas en el año 2020, que fueron causadas por factores externos y apoyadas en un esquema jurídico y político, han intentado dividir nuestra organización y afectar a más de 12 mil familias que dependen de ella”, declaró Álvarez en el video de 4 minutos y 23 segundos de duración.

La Fiscalía General de la República sostiene que entre 2011 y 2017, Álvarez y otros imputados desviaron 114 millones 198 mil 847 pesos de la Cooperativa La Cruz Azul a siete empresas identificadas por el SAT como “factureras”. 

Con información de: Reforma