Sin Embargo
Ciudad de México.- Claudio Gianni es un ingeniero agrónomo que vive en Córdoba, Argentina, país que no solamente recibió esta semana la visita del Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sino que también terminó hace unos meses con un régimen político de 12 años, en el que los electores optaron por hacer a un lado al peronismo y regresar a la derecha.
Las razones, a juicio de Gianni fueron principalmente el desorden económico y un régimen de “bases falsas”, que había prometido un “espectacular crecimiento del empleo público”, tarifas de servicios “regaladas” por el Estado, un tipo de cambio sostenido de manera ficticia “y sobre todo una montaña de sospechas de corrupción”.
A principios de 2015, la Organización No Gubernamental 100 reporters –dedicada a la publicación de historias relacionadas tanto con actos de corrupción por parte de gobiernos como del sector privado– colocó a la entonces Presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en el segundo lugar de su lista anual de mandatarios más corruptos del mundo, sólo después de Daniel Ortega, de Nicaragua.
El sitio Perfil. com publicó en 2014, que tuvo acceso a la base de datos federales en ese país, que la Presidenta y su gabinete sumaban ante los tribunales 745 denuncias por corrupción, 298 de estas querellas eran en contra de Fernández de Kirchner, quien durante su último periodo encontró en los mandatarios de Venezuela y Cuba a sus principales aliados, apoyo que no fue suficiente en las urnas.
El 22 de noviembre de 2015, ante el descalabro económico que dejó más de una década de kirchnerismo, los argentinos optaron por un cambio radical y le dieron la victoria al derechista Mauricio Macri, quien asumió el poder el 10 de diciembre sin que asistiera su antecesora.
A juicio de analistas, el ejemplo argentino es una muestra de lo que podría pasar con la mayoría de los países con escándalos de corrupción y gobiernos de izquierda en América Latina, en los que no ha cumplido, o lo han hecho a medias, la promesa de mejorar la economía de las familias, generar mayores fuentes de empleo, oportunidades de educación y castigar a sus antecesores que hayan incurrido en actos de corrupción.
BRASIL, VENEZUELA, BOLIVIA…
En este momento el ex Presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva y su sucesora Dilma Rousseff están envueltos en un escándalo que corrupción que amenaza la permanencia de Rousseff en el Ejecutivo.
Lula fue Presidente de Brasil de 2003 a 2010, durante su periodo se reconocieron a nivel mundial las políticas públicas que implementó en ayuda de los pobres, incluso su modelo de lucha contra el hambre fue replicado en México.
En 7 años logró que más de 30 millones de brasileños salieran de la pobreza para integrarse a la clase media. Sin embargo, al heredar el poder a Rousseff, de su mismo partido político, el de los Trabajadores, se abrieron una serie de investigaciones sobre actos de corrupción en la estatal Petrobras, que involucran a altos directivos de su administración y de su partido político. El más reciente escándalo fue la filtración de una llamada que sostuvo con Dilma en la que esta última ofrecía darle una cartera en el Gobierno para que tuviera fuero constitucional en caso de que las indagatorias llegarán hasta él.
Fue así como el 17 de marzo se convirtió en Ministro de la Casa Civil, cargo que un juez invalidó al día siguiente, ahora, distintos grupos piden que la Presidenta sea sometida a juicio político.
“Brasil se enfrenta a su crisis política e institucional más grave desde 1992, cuando el primer Presidente electo después de más de dos décadas de Gobierno militar fue acusado de un escándalo de corrupción”, consideró Antônio Sampaio, investigador del International Institute for Strategic Studies (IISS), de Londres, en un artículo publicado en la página electrónica del think tank en marzo de este año.
“Los acontecimientos han reforzado la percepción entre muchos brasileños que Rousseff, que era jefe del consejo de administración de Petrobras durante siete años, de hecho podría haber conocido la enorme trama de corrupción y sobornos”, afirmó el investigador.
Lula da Silva, incluso ya tuvo que declarar ante un juez por el caso de corrupción que implica desvíos millonarios de fondos de la petrolera estatal.
Sampaio publicó que en las calles de Brasil se siente un clima de tensión, y este escándalo es un claro ejemplo del “impacto político y económico devastador de la corrupción sin control en los más altos niveles de poder”.
Hasta el 13 de marzo, la justicia brasileña había detenido a 116 personas, una gran parte altos ex funcionarios o empresarios. Las calificaciones crediticias del país fueron bajadas hasta niveles “basura”.
“Es difícil discernir en qué medida la actual turbulencia económica de Brasil es el resultado de la corrupción y cuánto se debe a las fuerzas del mercado [como la caída de los precios mundiales de mineral de hierro y petróleo]. Tome Petrobras, por ejemplo. Aparte del enorme agujero financiero dejado por el desvío de recursos, el valor de mercado de la compañía se redujo en un 80 por ciento entre 2010 y 2015”, expresó.
La caída del valor coincide con la llegada de Dilma al poder, en 2011, “es un fuerte indicador de que la corrupción y la crisis política resultante están detrás de gran parte de los problemas económicos del país”, concluyó Sampaio.
Venezuela, con Nicolás Maduro, el heredero del legado político de Hugo Chávez, enfrenta las acusaciones hechas en marzo pasado por la Fiscalía a tres altos funcionarios de la estatal Corporación Venezolana de Alimentos, por “evasión de proceso licitatorio” y “asociación para delinquir y boicot”, entre otros, en un momento en el que la población atraviesa por una severa escasez de productos básicos.
Previo a este escándalo, el Presidente Maduro perdió la mayoría en la Asamblea, ante representantes de partidos de oposición. La Mesa de la Unidad Democrática, una coalición que agrupa a 20 partidos de oposición, logró 99 de 167 escaños dentro de la Asamblea Nacional venezolana.
“El caso más extremo de corrupción, crisis económica, escases y muchas cosas es Venezuela, pero antes de [Hugo] Chávez también era así”, consideró Guadalupe Correa Cabrera, profesor asociado del Departamento de Asuntos Públicos y Seguridad de la Universidad de Texas.
A su juicio, desde la época de Chávez, Venezuela carece de un proyecto de desarrollo económico integral con una visión de largo plazo que vaya más allá de la industria petrolera –el país es el decimotercer productor de petróleo más importante del mundo.
“Cuando el precio del petróleo estaba alto se dedicaron a gastarlo y ahora ya no les queda nada, desperdiciaron el dinero y no aprovecharon la oportunidad que tenían”, expresó.
Una investigación del Gobierno de Estados Unidos, hecha publica en diciembre pasado por la agencia de noticias Efe, sigue la pista a mil millones de dólares vinculados a cinco altos directivos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) que supuestamente recibieron sobornos de dos empresarios locales. Las indagatorias incluyen a el presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista Diosdado Cabello, quien también funge como jefe de la Comisión Presidencial que se encargará de industrializar el gas.
En escritos judiciales de una corte de Texas, el Gobierno estadounidense sostiene que, entre los años 2009 y 2014, los empresarios venezolanos, Roberto Rincón y Abraham José Shiera, pagaron mil millones de dólares a directivos de PDVSA a cambio de contratos.
Aunque no los identifica por su nombre, los documentos judiciales mencionan a cinco ejecutivos, quienes habría recibido sobornos en efectivo y en especie en los que se incluían comidas, viajes, bebidas y noches en un hotel de lujo de Miami, en Florida.
“Chávez –el ex Presidente fallecido en 2013– llegó al poder a finales del siglo XX en un ambiente deteriorado por la falta de credibilidad en los partidos políticos, ya nadie creía; Chávez surge de la crisis y deja al país en crisis. A Venezuela la izquierda la dejó perdida después de que las reformas neoliberales le dieron grades golpes. Tenía dinero para repartir a manos llenas y ahora con los petroprecios tan bajos y la escases de alimentos, ya se puede tapar el sol con un dedo”, expresó la académica de la Universidad de Texas.
En Bolivia, una semana antes del referéndum en el que el Presidente Evo Morales buscaba un cuarto periodo, estalló un escándalo de corrupción en el centro del poder.
El mandatario fue acusado de que su ex pareja Gabriela Zapata, una ejecutiva de 28 años de la empresa China CAMC, había obtenido contratos millonarios del Gobierno por un estimado de 560 millones de dólares.
Tras ventilarse el caso, el Presidente y sus colaboradores cayeron en una serie de contradicciones, por ejemplo: el vicepresidente, Álvaro García Linera, aseguró que Gabriela Zapata empezó a trabajar como gerente comercial de CAMC apenas el año pasado, pero ella afirma que fue desde 2013.
El Gobierno afirmó que la compañía china ganó siete contratos, pero la empresa dice que son sólo cinco.
Morales pidió al Congreso, controlado por su partido, Movimiento Al Socialismo (MAS), que se hiciera una investigación sobre el caso.
Pero el martes 23 de febrero el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia confirmó que el “no” a un nuevo periodo de Evo Morales al frente del Gobierno había ganado el referéndum con 51.3 por ciento de los votos contra 48.6 que votaron por el “sí”.
NO ES LA IZQUIERDA, ES EL MODELO
Correa Cabrera afirmó que estos casos no indican que sea el modelo de izquierda el que fracasó, pues existen otros como el de México en el que sin necesidad de que el Gobierno pertenezca a esta corriente, también existen graves casos de corrupción.
“La derecha después de la caída del muro de Berlín no resolvió los problemas, los empeoró más, lo que dio la entrada a gobiernos de izquierda y ahora son estos gobiernos los que no están dando resultados”, expresó.
El problema de América Latina, desde su óptica, es el “populismo y el caudillismo” de sus políticos que ha llevado a la población a votar no por proyectos de nación sino por líderes carismáticos que prometen un cambio y se presentan como “salvadores”.
“Debe darse un cambio fundamental en la manera de hacer las cosas, diseñar una política de desarrollo que agrupe a todos los actores, acabar con los populismos, si se quiere acabar con los problemas hay que acabar con el populismo, atacar la corrupción involucrar a la sociedad civil para exigir más transparencia, castigar a los responsables y exigir resultados”, expresó Cabrera.
Su diagnóstico es que América Latina nunca va a crecer si la sociedad civil no pide cuentas y deja de votar por los “caudillos”.
Mientras tanto, en Argentina, Claudio Gianni reconoce como ciudadano que ordenar la economía después del kirchnerismo será “doloroso para todos”, pero después de tantos sobresaltos generados por los políticos “el grueso de la población acepta esto resignada y con la esperanza de ver un fin de año mejor”.