Redacción
Tras agotarse todas las instancias de impugnación, Grupo Salinas deberá pagar en el transcurso del próximo mes un adeudo fiscal por 51 mil millones de pesos, confirmó el director del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.
El funcionario explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó este año los últimos recursos legales promovidos por el corporativo, con lo que quedaron firmes las resoluciones que validan la actuación del SAT y de tribunales previos. En consecuencia, el requerimiento formal de pago será notificado en enero de 2026.
La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que se trata de un asunto estrictamente legal, jurídico y administrativo, en el que intervienen diversas dependencias para garantizar que cada paso se realice conforme a la ley. Aclaró que, una vez notificado el adeudo, las empresas tienen derecho a solicitar descuentos o esquemas de pago, de acuerdo con lo previsto en el Código Fiscal de la Federación.
“Lo resolvió la Corte, como bien dice el SAT, se notifica en enero. Esperemos que se pague; si no pagan, entonces ya viene el proceso que sería tema posterior”, señaló la mandataria. Añadió que la Procuraduría Fiscal, así como la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, han supervisado el caso por tratarse de un asunto de su competencia.
Martínez Dagnino precisó que la legislación fiscal permite a los contribuyentes solicitar ajustes a la baja de hasta 39 por ciento del adeudo, dependiendo del esquema y forma de pago, siempre conforme a la ley y a las sentencias emitidas. Recordó además que el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución establece la obligación de todos los contribuyentes de aportar al gasto público de manera proporcional y equitativa.
El adeudo tiene su origen en resoluciones administrativas emitidas por el SAT desde 2013, relacionadas con el Impuesto Sobre la Renta correspondiente a los ejercicios fiscales de 2008 a 2013. Tras más de una década de litigios, la resolución definitiva obliga al corporativo a cubrir el monto señalado o a acogerse a los mecanismos de pago que prevé la legislación vigente.
Con información de: La Jornada