La Jornada
Ciudad de México.- Diego Gabriel Cruz Alonso y Enrique Capitaine Marín ya han dejado México, huyendo de la justicia. Ambos son parte de la llamada banda de Los Porkys acusados de violar a la menor de edad Daphne Fernández, en Veracruz.
La Jornada tiene copia del itinerario de Cruz Alonso, quien viajó el 29 de marzo a Madrid, España, mientras que Capitaine se fue a Houston, Texas.
A pesar de no tener orden de aprehensión, los jóvenes se habían comprometido a presentarse a las audiencias judiciales sobre el caso.
Como lo reportó La Jornada el 29 de marzo, hace unas semanas, Javier Fernández Gómez denunció que su hija Daphne fue agredida cuando salía de una discoteca ubicada en Boca del Río y posteriormente fue violada por parte de cuatro jóvenes: Jorge Cotaita, Gerardo Rodríguez y los mencionados Diego Gabriel Cruz Alonso y Enrique Capitaine Marín.
El padre de la menor decidió hacer público el caso después de 10 meses de haber interpuesto la denuncia y al ver que la ndagatoria no había registrado avance alguno.
Los agresores, que forman parte de la llamda banda de Los Porkys, pertenecen a algunas de las familias acaudaladas en el estado, y tres de ellos estudiantes de la Universidad del Valle de México en Boca del Río, de la cual ya fueron suspendidos.
Antes de interponer la denuncia ante la Fiscalía del estado, los padres de la víctima firmaron un convenio con las familias de los agresores en el que se comprometían a pedir perdón a la joven en un video; si la encontraban en cualquier lugar tendrían que irse de inmediato, y acudir a terapia con un siquiatra. No cumplieron con el compromiso.
“Mi hija, menor de edad, fue subida a un auto en contra de su voluntad; fue privada de su libertad, fue incomunicada, fue vejada, fue sometida, fue abusada sexualmente y fue violada”.
Así empieza la carta a través de la cual Javier Fernández Gómez, decidió hacer público el delito, a unas semanas de que se cumpla un año de que se inició la indagatoria 592/15/1ESP/VER/05, la cual no muestra avance alguno.
La noche del 2 de enero de 2015, la víctima, en ese entonces de 17 años, fue agredida después de salir del antro PH, ubicado en el fraccionamiento Reforma del puerto. Sin embargo, ella contó cuatro meses después a su familia lo que le sucedió.
Antes de interponer la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), los padres de la joven habían llegado a un acuerdo con las familias de los agresores, todas acaudaladas.
El convenio incluía tres puntos: que los agresores pidieran perdón a la joven en un video; si la encontraban en cualquier lugar tendrían que irse de inmediato, y acudir a terapia con un siquiatra.
Sin embargo, los agresores no cumplieron el acuerdo, por lo que Javier Fernández presentó la querella y, ante el estancamiento de la indagatoria, decidió dar a conocer el caso.
En un medio local publicó una carta dirigida a los padres de los agresores, a quienes reclamó por el incumplimiento de los compromisos y por haber emprendido una campaña de calumnias y difamación contra su hija.
Junto con la misiva, Fernández Gómez difundió videos en los que se observa a los jóvenes pedir perdón a la chica. Los padres de los inculpados observan.
Por su parte, el titular de la FGE, Luis Ángel Bravo Contreras, había negado que hubiera opacidad o dilación en el caso y ofreció al padre de la víctima “total garantía de justicia. Lo único que le ruego es que nos dé oportunidad de construir un expediente sólido, una investigación eficaz y procesalmente inobjetable”.
Todavía el 30 de marzo, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, se refirió al caso (ver La Jornada del 31 de marzo). Negó entonces que existiera una juniorcracia u otra circunstancia que derivara en impunidad para este caso. Tres días después de que familiares de Daphne Fernández dieran a conocer públicamente la violación sexual, el mandatario estatal se reunió con María Elena Bretón de la Cruz –abuela de la víctima– a quién ofreció apoyo para que se hiciera justicia.
Luego de este encuentro, el padre de la víctima dijo que esas sorpresas las había escuchado desde que interpuso la denuncia, hace más de 10 meses, y no se ha aplicado.
La pregunta es: ¿cuándo va a haber justicia? Y cuando habla de justicia, ¿a qué se refiere? A lo mejor tenemos una definición diferente de justicia, dijo Javier Fernández.