Redacción
Una jueza del estado de Campeche ordenó que todas las publicaciones del medio digital Tribuna sean sometidas a revisión previa por un “interventor” judicial, lo que en los hechos implica censura previa y restringe las críticas hacia la Gobernadora morenista Layda Sansores.
La decisión, calificada como inédita por especialistas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión, fue dictada por Edelmira Cervera, jueza Segundo de Control del Primer Distrito Judicial de Campeche, como parte de una medida cautelar por una denuncia de “incitación al odio” interpuesta por la propia mandataria estatal.
Según la resolución, Tribuna deberá someter a aprobación todo su contenido —ya sea en su portal o en redes sociales— antes de ser publicado. En caso de incumplimiento, la empresa editora enfrentaría una multa de 5 mil 657 pesos.
“(La decisión pretende) inhibir cualquier publicación o crítica que exhiba falta de resultados antes del Cuarto Informe de Gobierno de Sansores (que se realiza hoy viernes)”, denunció el medio, que considera que la medida vulnera directamente la libertad de expresión y el derecho a la información.
El medio intentó revocar la medida cautelar impuesta el pasado 15 de julio, pero la jueza no sólo la ratificó, sino que otorgó un plazo de 48 horas para que la empresa proporcione los datos de sus redes sociales, a fin de que sus publicaciones sean sometidas a revisión.
Además, se confirmó la prohibición al periodista Jorge Luis González Valdez de mencionar públicamente a la Gobernadora.
En México no existen precedentes de que se imponga la figura de un “interventor” judicial a un medio de comunicación. Este mecanismo suele emplearse en casos de instituciones financieras bajo investigación penal o en procesos de concursos mercantiles, no para supervisar contenidos editoriales.
Organizaciones como Artículo 19 han advertido que cualquier forma de censura previa constituye una violación directa a los principios constitucionales y tratados internacionales sobre libertad de expresión.
Tribuna calificó las acciones judiciales como “una censura disfrazada de legalidad” y alertó que sientan un grave precedente para el ejercicio periodístico en el país.