Redacción
Ciudad de México.-El esquema de contrabando y evasión fiscal de combustibles en México no operó en la sombra, sino bajo el conocimiento y la tolerancia de las autoridades federales durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Así lo afirmó el periodista de investigación Raúl Olmos durante una entrevista con Aristegui en Vivo, a propósito de la publicación de su libro Huachicol fiscal. La madre de todas las estafas. El autor sostuvo que el gobierno federal poseía diagnósticos exactos sobre las aduanas, las empresas y las rutas utilizadas por estas redes criminales y, a pesar de contar con la información, optó por la inacción.
Una de las contradicciones más severas documentadas por Olmos apunta a que la administración de López Obrador terminó pactando con las mismas estructuras que afirmaba combatir. De acuerdo con comprobantes fiscales obtenidos por el periodista, IIS Servicios —una filial de Pemex creada para administrar las 500 pipas adquiridas tras la crisis por el cierre de ductos en 2019— entregó contratos y pagó al menos 22 millones de pesos en 2021 a una compañía vinculada con Sergio Carmona Angulo, apodado “el rey del huachicol”. Estos pagos se efectuaron apenas unos meses antes de que Carmona fuera ejecutado en noviembre de ese mismo año en San Pedro Garza García, Nuevo León. El comunicador recordó además que, de forma paralela a estas transacciones, el hermano de Carmona estuvo a cargo de una aduana clave en Tamaulipas.
Olmos detalló que la estructura federal realizaba reuniones semanales de seguimiento en instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y en la entonces Secretaría de Seguridad Pública en Constituyentes. En estas sesiones, los funcionarios revisaban reportes minuciosos sobre los montos de impuestos evadidos y los volúmenes de hidrocarburo que ingresaban ilegalmente al territorio nacional. Por este motivo, el escritor tachó de “acto de cinismo absoluto” el hecho de que las dependencias federales presumieran un decomiso histórico de combustible en marzo de 2025, cuando llevaban años guardando reportes detallados del desfalco sin desmantelar la red de raíz.
El origen de esta problemática, según expone el libro, se remonta al sexenio de Enrique Peña Nieto, periodo en el que la reforma y la apertura energética derivaron en una entrega masiva de permisos de importación a particulares. Aunque la legislación no contemplaba fines ilícitos, corporativos fachada y células delictivas aprovecharon dichas licencias para consolidar el “contrabando documentado”. A diferencia del “contrabando bronco” —donde la mercancía se introduce de manera clandestina—, el huachicol fiscal utiliza pedimentos de importación oficiales y la intervención de agentes aduanales, pero falseando el contenido en las facturas. Las empresas declaraban el ingreso de productos químicos, aceites o aditivos para exentar el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), cuando en realidad transportaban cargamentos de diésel y gasolina.
Irónicamente, la estrategia de cerrar los ductos de Pemex implementada por la presidencia de López Obrador en enero de 2019 sirvió como catalizador para este negocio ilícito. Al verse imposibilitados para seguir perforando los ductos físicos en el campo, los grupos empresariales y el crimen organizado reconfiguraron su modus operandi y expandieron sus ganancias mudándose de lleno a la importación simulada de combustibles mediante los engaños documentales en las fronteras.
Los expedientes que sustentan la investigación periodística involucran a personajes de alto perfil político y empresarial. Entre los nombres señalados figuran Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia; Amílcar Olán, empresario allegado a Andrés Manuel López Beltrán; así como menciones relativas a Manuel Bartlett, Ricardo Monreal y Adán Augusto López. Sobre Amílcar Olán, Olmos precisó que sus primeras transacciones se efectuaron mediante ICON, una firma con sede en Texas que se localiza en el centro de las indagatorias binacionales por decomisos de combustible.
El entramado también salpica de forma directa a la Secretaría de Marina (Semar), institución que el autor describió como “corrompida desde el arranque” del sexenio pasado. Los archivos ligan a la red a un hijo del expresidente López Obrador y a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna (vicealmirante y contralmirante, respectivamente), quienes resultan ser sobrinos políticos del entonces titular de la dependencia, Rafael Ojeda Durán. El primero de ellos se encuentra detenido en México y el segundo en Argentina. Olmos relató que la colusión llegó al extremo de que altos mandos navales intervinieron directamente ante las corporaciones para rescatar y liberar flotillas de pipas que previamente habían sido aseguradas por las autoridades de seguridad.
Por la complejidad logística que demanda, el huachicol fiscal no se limita a delincuentes comunes; se trata de una corrupción estructural que requiere la complicidad de firmas transportistas, distribuidoras, gasolineras, especialistas en comercio exterior y agrupaciones de la delincuencia organizada, con la participación activa del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. El periodista advirtió que si los procesos judiciales actuales en México —los cuales avanzaron principalmente por la presión política de los Estados Unidos— se concentran solo en mandos de la Marina o en perfiles específicos, se caería en una “justicia selectiva” y en la fabricación de “chivos expiatorios”, perdiendo la oportunidad de erradicar el problema a fondo.
El fraude fiscal, de acuerdo con los hallazgos explicados didácticamente en el libro, se orquestaba desde territorio estadounidense. Empresas situadas en Texas, como la firma Heavy, emitían facturas falsas que catalogaban barcos llenos de diésel como cargamentos de aditivos para la compañía mexicana Intansa. Al arribar a las aduanas en México, el personal fronterizo se limitaba a revisar la descripción de la factura de origen y autorizaba el paso. Un ejemplo documentado de esto fue el aseguramiento de un buque en Tampico: mientras el gobierno Federal anunció a la opinión pública un decomiso histórico de 10 millones de litros, la documentación de origen en Texas demostraba que el barco transportaba en realidad 20 millones de litros amparados bajo el concepto de aditivos.
Finalmente, Raúl Olmos alertó sobre el destino de los dividendos de esta actividad, apuntando que una parte sustancial de las ganancias del huachicol fiscal terminó financiando campañas políticas y estructuras electorales, lo que explicaría la política de “dejar hacer, dejar pasar” adoptada por las cúpulas gubernamentales de Morena. Para dimensionar el golpe a las finanzas del Estado, el autor contrastó los datos oficiales que estiman un desfalco de 600 mil millones de pesos, equivalentes a la entrada irregular de 130 mil millones de litros de combustible que no pagaron impuestos. “Si nos escandalizó el caso Segalmex, que fue el caso emblemático, bueno, esto equivale a 40 Segalmex”, concluyó, advirtiendo que los decomisos actuales representan una fracción mínima frente a una pérdida multimillonaria de recursos que debieron destinarse al gasto público y a la salud de los mexicanos.
Fotografía Aristegui Noticias