Redacción
La Suprema Corte de Justicia de la Nación mantiene congelada, desde hace más de un mes, la discusión sobre la validez de la reforma que redujo de 12 a seis semanas el plazo para abortar legalmente en Aguascalientes.
El asunto estaba enlistado para el 6 de enero, cuando el Pleno analizaría las acciones de inconstitucionalidad 172/2024 y 173/2024, promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Presidencia de la República contra los cambios al Código Penal local. Sin embargo, el tema fue retirado de la agenda.
El proyecto, elaborado por el ministro Irving Espinosa Betanzo, propone invalidar la reforma al considerar que implica una medida regresiva y desproporcionada, además de criminalizar el aborto y afectar el derecho a la salud.
“El sistema normativo cuestionado representa una reducción desproporcionada del plazo de 12 semanas con que contaban las mujeres y personas gestantes para poder interrumpir su embarazo”, indica el proyecto.
Añade que las autoridades de Aguascalientes no acataron la Constitución respecto al reconocimiento de la vida desde la concepción y la regulación panal local sobre el aborto.
“El órgano legislativo insiste en instaurar normas que violan frontalmente el parámetro de regularidad constitucional”, precisa.
El retiro ocurrió después de que representantes de la Iglesia católica y militantes del PAN expresaran críticas públicas al proyecto. De acuerdo con fuentes judiciales citadas por Proceso, la decisión no fue solicitada por el ministro ponente, como prevé el reglamento interno, sino por la Secretaría General de Acuerdos, encabezada por Daniel Álvarez Toledo.
El artículo 19 del reglamento del Pleno establece que, una vez retirado, el asunto debe volver a listarse en un plazo máximo de 30 días naturales. No obstante, la norma no contempla consecuencias en caso de que ese plazo se incumpla.
Con información de: Proceso