INE alista defensa legal y arranque de elecciones judiciales

Redacción

El Instituto Nacional Electoral (INE) iniciará este miércoles los preparativos para la organización de la inédita elección de jueces, mientras impulsa recursos legales ante el Poder Judicial en respuesta a los amparos interpuestos contra la reforma constitucional en esta materia.

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, aseguró que la institución trabaja con “sensibilidad” para analizar el presupuesto requerido para este proceso, estimado en 13 mil 205 millones de pesos. “Previo al 20 de noviembre, tenemos que realizar actividades jurídicas para defender los recursos que hemos recibido y garantizar que el personal del Instituto opere bajo tranquilidad jurídica”, afirmó.

Además, Taddei defendió el presupuesto y los bonos para trabajadores del INE, argumentando que en tiempos electorales el personal trabaja “24/7”. “Pedimos la misma sensibilidad que estamos dispuestos a ofrecer. El costo del proceso debe ser entendido en su magnitud”, agregó.

El INE prevé dialogar con la Cámara de Diputados para ajustar los detalles presupuestales, aunque Taddei calificó como “irresponsable” adelantar una cifra definitiva tras las críticas de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien considera excesivo el monto solicitado.

Entre las decisiones pendientes está definir si se instalarán 170 mil casillas, como en las elecciones de junio pasado, o si se optará por “centros concentradores de territorio”, donde varias secciones electorales compartan un mismo espacio.

Taddei subrayó que el Congreso de la Unión es el canal institucional para estas gestiones, descartando cualquier diálogo con el Ejecutivo. “Hay disposición de ambas partes para escuchar y alcanzar acuerdos. El camino es el Congreso, no la presidencia de la República”, precisó.

El proceso también incluye gestiones paralelas con el Tribunal Electoral, el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte de Justicia, a fin de garantizar la legalidad de los comicios.

El presupuesto solicitado por el INE tiene un carácter precautorio e incluye recursos adicionales para una eventual consulta popular, cuya solicitud debe presentarse a más tardar a finales de este mes.