Inicia campaña de Amnistía Nacional contra Guardia Nacional

Debate

Ciudad de México.-Una campaña urgente mundial realiza Amnistía Internacional ante la posible reforma constitucional que busca crear la Guardia Nacional.

“Diputados y diputadas del Congreso mexicano podrían aprobar un dictamen de reforma constitucional otorgando a las fuerzas armadas la labor de seguridad pública, originalmente responsabilidad de las policías”, advierte AI.

Con esta reforma, las fuerzas armadas se mantendrían en las calles de México permanentemente. El dictamen de reforma se somete a votación en la Cámara de Diputados.

La acción urgente invita a los seguidores de Amnistía Internacional en todo el mundo a enviar mensajes a los diputados federales, especialmente al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara baja, Porfirio Muñoz Ledo.

Así como al presidente de la Mesa de Coordinación Política, Mario Delgado, quien es también líder de la bancada de Morena, y a Miroslava Carrillo Martínez, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales.

“Escriban inmediatamente, en español, en inglés o en su propio idioma, a los y las legisladores mexicanos, instándoles a rechazar la reforma constitucional que modificaría 13 artículos de la Constitución para crear la Guardia Nacional, pide AI.

En su argumentación, la organización explica que la Guardia Nacional se conformará por elementos del Ejército y la Marina, así como de la Policía Federal, los cuales serán sometidos a un modelo militar.

Recordó también que el 15 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que era inconstitucional el empleo permanente de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
“Además, la propuesta de Reforma Constitucional carece de suficientes mecanismos de supervisión de las acciones de las fuerzas armadas, pasa por alto la urgente necesidad de fortalecer las instituciones civiles de policía, y en su lugar propone que la Policía Federal sea parte de la Guardia Nacional, agrega.

La reforma constitucional ampliaría los poderes de la Guardia Nacional para realizar funciones policiales y abriría la posibilidad para que ésta ejecute órdenes judiciales y otras tareas que hasta ahora estaban expresamente reservadas a las instituciones policiales civiles.