Redacción
A partir del 16 de septiembre, con la entrada en vigor de la reforma al Poder Judicial, el Senado de la República tiene un plazo de 30 días naturales para emitir la convocatoria oficial para la elección de 849 ministros, magistrados electorales, magistrados de circuito y jueces de distrito, en un proceso histórico que renovará buena parte de las instituciones judiciales del país.
La nueva normativa constitucional establece que se elegirán nueve ministros para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dos magistrados de la Sala Superior y 15 magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Además, se seleccionarán cinco magistrados para el Tribunal de Disciplina Judicial, junto con 443 magistrados de circuito y 375 jueces de distrito, quienes estarán a cargo de diversas instancias judiciales.
Uno de los aspectos más llamativos de la reforma es que el tiempo de mandato de los ministros de la SCJN se establecerá en función del número de votos que reciban. Así, cuatro ministros electos tendrán un periodo de ocho años, mientras que los cinco con mayor votación ocuparán el cargo por 11 años. Este mismo criterio se aplicará a los magistrados de circuito y jueces de distrito, quienes serán seleccionados mediante un proceso de tómbola.
La convocatoria que emitirá el Senado deberá especificar los tiempos de mandato de los ministros, magistrados y jueces, según lo dispuesto en el decreto de reforma. Aquellos que resulten electos en las elecciones extraordinarias de 2025 deberán servir en sus cargos hasta el año 2033 y 2036, dependiendo de la duración de sus periodos.
La reforma también señala que los magistrados electorales de la Sala Superior, cuya designación no haya sido completada por el Senado, serán reemplazados en los comicios extraordinarios de 2025. Este proceso tiene como objetivo garantizar la continuidad del servicio judicial, aunque algunos mandatos podrán extenderse temporalmente hasta la próxima elección federal ordinaria.
Un punto importante del decreto es la extinción de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, que deberá concluir sus funciones antes del 10 de septiembre de 2025. Las magistraturas de esta sala no serán renovadas en las próximas elecciones, lo que marca un cambio significativo en la estructura del TEPJF.