Sin Embargo
Ciudad de México.– El juez español Santiago Pedraz, quien liberó a Humberto Moreira Valdés, el pasado 22 de enero, por considerar que no existían indicios de delitos de blanqueo y relación con el crimen organizado en su contra, participó en varias conferencias organizadas en México por el ex asesor del PRI, Baltasar Garzón, revela este día el diario El Español.
El ex juez español, Baltasar Garzón, es amigo de Moreira y fue asesor del PRI cuando el ex Gobernador era líder de ese instituto político.
“La relación entre Humberto Moreira y el ex juez Baltasar Garzón era pública y notoria. Tanto que se fotografiaban juntos allá por 2012, cuando Moreira lideraba el PRI del Presidente mexicano Peña Nieto, y Garzón organizaba jornadas legales en el país a las que invitaba, entre otros, al juez Santiago Pedráz”, menciona el medio en la nota titulada ‘Moreira contrató a Garzón, Garzón fichó a Pedraz y Pedraz puso en libertad a Moreira’, firmada por el periodista Daniel Montero.
Moreira ingresó en prisión preventiva el pasado 15 de enero en Madrid y permaneció en la cárcel una semana, hasta que le tomó declaración Pedraz, quien decidió el 22 de ese mismo mes dejarle en libertad al no hallar indicios de delitos de blanqueo u “operaciones relacionadas con organización criminal alguna” en las investigaciones contra él.
Santiago Pedraz dijo que esas supuestas actividades ilícitas se cometieron en cualquier caso en México y los Estados Unidos -malversación y blanqueo-, y que de las “empresas pantalla” que presuntamente se constituyeron para ello ninguna se creó en España.
“Se pretende investigar un presunto delito de blanqueo cometido en México por extranjeros, acaecido antes de 2007 y 2005 -fecha de creación de las sociedades- lo cual no es factible, pues la jurisdicción española no sería competente”, resolvió.
Tampoco vio base alguna, pese a las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción española, para apreciar que Moreira perteneciese a una organización criminal, pues el informe policial, dijo “simplemente se basa en informaciones suministradas por Estados Unidos”.
La Fiscalía Anticorrupción acusó a Moreira de formar parte de una red criminal y haber blanqueado dinero en España procedentes de delitos de corrupción política en México o del narcotráfico.
Esta última acusación la basa en que varios testigos que declararon hace meses ante el juez Pedráz en San Antonio Texas, Estados Unidos, afirmaron que Moreira se había reunido con líderes de los Zetas.
El pasado 2 de febrero, Pedraz levantó las medidas cautelares que impuso a Moreira, por lo que éste recogió en la Audiencia Nacional su pasaporte y salió de España.
Cuando fue detenido Moreira llevaba más de un año residiendo en Barcelona, nunca trabajó mientras estuvo en España y eso -unido a una investigación abierta en Estados Unidos- levantó las sospechas sobre la procedencia de los 200 mil euros que gastó en este tiempo.
Tras la liberación del ex líder nacional del PRI, el diario español El Pais publicó una investigación en que explicaba que el Gobierno encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto uso toda la maquinaria diplomática y legal de su embajada en España para conocer a detalle la situación legal de Moreira, atender a su familia y excarcelarlo.
El reportaje firmado por José María Irujo, revelaba que la a Procuradura Arely Gómez González telefoneó a su homóloga española, Consuelo Madrigal, para conocer la posición de los fiscales españoles sobre el caso, información que le fue negada.
El texto titulado “Misión: salvar en Madrid a Humberto Moreira” decía que funcionarios de la Embajada mexicana fueron encomendados a la búsqueda de prestigiosos abogados españoles que se hicieran cargo de la defensa de “El Profe”, y otros se centraron en atender a su esposa, Vanessa Guerrero, y al de sus hijas, que durante varios días se alojaron en el hotel Vincci Soho, localizado a escasos 100 metros de la legación diplomática en pleno corazón de Madrid, detallaba el diario.
Humberto Moreira a su llegada a México. Foto: Cuartoscuro.
Humberto Moreira a su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México, luego de ser liberado en España. Foto: Cuartoscuro.
RELACIÓN BALTASAR-MOREIRA-PEDRAZ
El 15 de enero los agentes de la Policía Nacional avisaron vía telefónica a la Audiencia Nacional de la llegada de Moreira al aeropuerto de Barajas. Según El Español, el juez Santiago Pedraz, encargado del caso desde hacía doce meses, explicó ese viernes que tenía un compromiso ineludible y pidió a los agentes que siguieran al político mexicano durante el fin de semana.
Los miembros de la UDEF replicaron que no había personal suficiente para monitorizarle y que Moreira corría el riesgo de escaparse de nuevo y que era mejor hacer la detención cuanto antes.
Fue entonces cuando Pedraz levantó el teléfono y llamó a su compañero José de la Mata, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que ese fin de semana entraba de guardia. Pedraz le pidió a su compañero que tomara declaración a Moreira y le explicó los pormenores de la operación que llevaba abierta desde hacía un año.
Poco después, la Policía Nacional detuvo a Moreira en Barajas y le leyó sus derechos. De cuerdo con El Español, en un primer momento y según fuentes del caso, el ex Presidente del PRI designó como abogado a Baltasar Garzón.
La relación entre el ex juez y Moreira se remonta a 2011, cuando Garzón trabajó como asesor legal para el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El Jurista y político se conocieron, menciona el diario, en un foro organizado por la Cámara de Diputados. Allí Garzón conoció también a Rubén Moreira, actual Gobernador de Coahuila y hermano de Humberto.
Poco después, Garzón mantuvo con ellos y otras figuras del partido una reunión privada en la sede nacional del PRI para abordar propuestas sobre la lucha contra la corrupción y derechos humanos.
El texto refiere que las relaciones entre Garzón con los líderes priistas se intensificó y seis meses después el ex juez de la Audiencia Nacional fue invitado al Foro Internacional Seguridad con Legalidad, al que acudieron también otros dos compañeros españoles: Fernando Andreu y Santiago Pedraz, encargado ahora de juzgar a Moreira.
La presencia de los magistrados se repitió tres meses después, cuando Garzón y Pedraz participaron en el Foro de Seguridad, Legalidad y Derechos Humanos de Ciudad Juarez.
Baltasar Garzón declinó llevar la defensa de Moreira en España, pero según fuentes citadas por El Español, puso sobre la mesa el nombre de otro jurista: Manuel Ollé.
Ollé, destaca la nota, es un reconocido abogado y especialista en Derechos Humanos, ha sido protagonista de varios casos mediáticos instruidos por Garzón en su etapa como juez: el proceso contra el dictador chileno Augusto Pinochet y contra los implicados en la dictadura argentina.
De acuerdo con el periódico español, Ollé fue también el representante legal de la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú en su denuncia contra el genocidio en Guatelama, presentada en 1999. En aquella ocasión, fue Santiago Pedraz el juez instructor.
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EMPRESARIO DETENIDO
Ayer, la Policía Nacional detuvo también en España al empresario mexicano José Manuel Muñoz Luévano, conocido como “Mono Muñoz”. Fue la segunda fase del caso Moreira, archivado sólo para el político mexicano.
Según los informes policiales, Muñoz es responsable de una red de gasolineras en su país que operaba -según la Fiscalía Nacional- en beneficio del Cártel de los Zetas, una de las organizaciones criminales más activas de México. Por segunda vez, fue el juez De la Mata quien coordinó las detenciones, ya que Pedraz estaba de nuevo fuera de la Audiencia Nacional.
A Moreira se le relaciona además con los hermanos Raúl y Rolando González Treviño, considerados como “blanqueadores” de dinero para cárteles de la droga de ese país.
Moreira fue Gobernador de Coahuila desde 2005 a 2011, año en que dejó el cargo para liderar el remonte del PRI con el candidato Enrique Peña Nieto, ahora el Presidente de México.
Ese mismo año renunció, cuando informes policiales revelaron que la deuda del estado de Coahuila ascendió a 36 mil millones de pesos durante su mandato, y que fue en parte financiada mediante documentos falsificados.
Moreira no ha sido acusado formalmente en Estados Unidos o México.