Redacción
La jueza Minerva Mendoza Cruz ordenó al Gobierno federal que se asegure de que los denominados “autos chocolate” cumplan con las regulaciones ambientales y mecánicas antes de su regularización.
En un fallo emitido el pasado 15 de julio, advirtió que impondrá una multa de hasta 108 mil pesos a Isabela Rosales Herrera, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), si no se cumple con esta orden.
La jueza instruyó al SESNSP a “bajo la estrategia que más estime conveniente, verificar que estos (vehículos) cumplan la normativa aplicable en materia de funcionamiento mecánico, emisiones de gases contaminantes y seguridad pública, así como que efectivamente encuadran en el presupuesto temporal aplicable”.
El SESNSP tiene un plazo de 48 horas para cumplir con esta orden, plazo que comienza a partir del 1 de agosto, ya que el juzgado estuvo de vacaciones durante la segunda quincena de julio.
Antes de este requerimiento, múltiples dependencias se habían declarado incompetentes o imposibilitadas para cumplir con la orden. Debido a esto, el pasado 3 de julio, la jueza declaró fundado un incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva.
Esta acción judicial es parte de un amparo promovido en enero de 2023 por la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA), que impugnó los decretos del Ejecutivo que permiten a los propietarios de vehículos importados ilegalmente regularizar su situación previo pago de 2 mil 500 pesos.
Para realizar dicho trámite, los solicitantes solo necesitan declarar bajo protesta de decir verdad que el vehículo cumple con las condiciones mecánicas y ambientales para circular en el país, sin que se les practique alguna verificación.
Varias autoridades, entre ellas la Presidencia de la República, el SAT, la Agencia Nacional de Aduanas de México, la Secretaría de Hacienda y la de Seguridad Pública y Ciudadana, han rechazado tener las facultades para cumplir con la suspensión.
Sin embargo, el SESNSP es el responsable directo del programa, lo que ha llevado a la jueza a enfocar su orden en esa dependencia.
Con información de: Reforma