Redacción
Baja California.-La gobernadora del estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se encuentra bajo un proceso de investigación conducido por agencias de seguridad e inteligencia de Estados Unidos por presunta vinculación con estructuras del crimen organizado. De acuerdo con indagatorias difundidas por el semanario ZETA, las pesquisas de las autoridades estadounidenses se extienden a su exesposo, Carlos Torres Torres, así como a otros colaboradores e implicados, en tanto se definen los cargos penales que se formularán en su contra.
El caso cobró relevancia tras la filtración de cuatro grabaciones entregadas a los periodistas Héctor de Mauleón y Gildo Garza. En las conversaciones, la mandataria admite haber mantenido reuniones formales con agencias estadounidenses e integrar al exfiscal de Florida Michael Nadler, experto en lavado de dinero y corrupción, a su equipo de representación legal, sumado a la asesoría de Juan Sandoval, identificado como exmiembro de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
La vertiente pública de este proceso inició el 10 de mayo de 2026, fecha en la que a Ávila Olmeda le fue revocada su visa de turista para ingresar a territorio norteamericano, argumento que en su momento catalogó como un trámite administrativo. Sin embargo, las grabaciones revelan gestiones posteriores en San Diego con el Departamento de Justicia y agencias federales, donde la funcionaria externó su inquietud ante la posibilidad de afrontar la formulación de cargos penales o un eventual proceso de extradición.
En el último audio publicado el 11 de agosto de 2026, un intermediario y un agente estadounidense le plantean la suscripción de una proffer letter —un acuerdo de inmunidad condicional en el marco jurídico de EE. UU. mediante el cual una persona bajo investigación aporta datos relevantes sin que estos se utilicen en su contra— como un último recurso para frenar sanciones formales. En respuesta a estas publicaciones, el secretario particular de la gobernadora, Jesús Romandía, rechazó que se haya firmado algún acuerdo, mientras que la propia ejecutiva estatal calificó las grabaciones como una “emboscada psicológica” atribuida al exgobernador Jaime Bonilla Valdez y reiteró desconocer investigaciones en su contra.