John Ackerman/ Proceso
Ciudad de México.- Enrique Peña Nieto nos ha pedido perdón por el escándalo de la “Casa Blanca” y Aurelio Nuño nos invita a dejar atrás la masacre de Nochixtlán para debatir sobre su nuevo “modelo educativo” neocolonial y privatizante. Al más típico estilo priista se privilegia la impunidad por encima de todo. Se repite el escenario que tuvo lugar a finales de 2014, cuando Peña Nieto llamó a los mexicanos a simplemente “superar” la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa. Con el tradicional coctel de demagogia, represión, guerra mediática y reformas simuladoras, se busca tender una cortina de humo que recubra y nos haga olvidar los enormes agravios cometidos contra la sociedad durante el sexenio actual.
En respuesta al olvido y el perdón que pide el gobierno, a los ciudadanos nos toca mantener viva la memoria, exigir castigos ejemplares para los responsables del desastre nacional, así como trazar una ruta de escape que pase por la revocación de todas las “reformas estructurales” y el diseño de un plan estratégico hacia la construcción de una nueva República.
Llama la atención que en el mismo momento en que Nuño anunciaba su “modelo educativo”, el miércoles 20, un grupo de porros escoltados por la fuerza pública irrumpió violentamente en el bloqueo establecido por maestros y organizaciones sociales en la autopista entre San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez. Se ratifica la elección preferencial de este gobierno por la ley del garrote.
Nuño ha colocado como ejes prioritarios de su modelo la enseñanza del inglés, el fomento de “valores para la convivencia” y la autonomía de gestión para las escuelas. En otras palabras, se buscará impulsar una lógica neocolonial, una cultura de obediencia ciega a la autoridad, así como la privatización de los planteles escolares por medio del cobro de cuotas. En contraste, la columna vertebral de un verdadero modelo educativo tendría que ser la historia, el pensamiento crítico y la gratuidad absoluta de la educación impartida por el Estado.
Por otra parte, el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción promulgado el lunes pasado por el ocupante de Los Pinos, es un bodrio que se limita a crear una serie de nuevas “coordinaciones” y “comités” que solamente generarán mayor caos entre las diversas instancias de control interno, control externo, sanción y fiscalización en los diferentes poderes y niveles del Estado mexicano. Ahora será aún más difícil que nunca saber quién es el verdadero responsable por hacer valer la rendición de cuentas. Esta situación de confusión institucionalizada abrirá jugosos negocios para una infinidad de consultores y “expertos” pero también garantizará la continuidad del sistema de impunidad estructural que está destruyendo la legitimidad de las instituciones públicas.
En contraste, el manifiesto divulgado la semana pasada por las autoridades municipales y agrarias de más de 150 pueblos originarios de Oaxaca, durante su histórica caravana hacia la Ciudad de México, constituye un excelente punto de partida para el necesario esfuerzo de construcción de unidad popular y ciudadana. Esta nueva agrupación plural de pueblos indígenas surgió a raíz de la masacre de Nochixtlán del pasado 19 de junio y se ha inspirado en la valiente lucha de la CNTE y de todos los maestros del país contra la reforma educativa.
De manera importante, las demandas de los pueblos oaxaqueños en resistencia rebasan las dimensiones locales y gremiales que suelen acotar la fuerza de los movimientos sociales. Las cuatro exigencias de lo que podemos llamar el “Manifiesto de Oaxaca” son: 1) justicia por los crímenes de Nochixtlán; 2) abrogación de las 12 “reformas estructurales” aprobadas en el actual sexenio, en particular la educativa; 3) libertad inmediata de todos los presos políticos del país; 4) juicio político contra el titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto.
Son demandas absolutamente razonables a las cuales tendríamos que sumarnos todos. Constituyen una agenda mínima para iniciar un proceso de articulación social y política hacia el rescate de la nación, basado en principios universales de justicia, dignidad, democracia y rendición de cuentas. Habría que considerar la organización de mesas formales de negociación y diálogo entre los diferentes sectores y organizaciones en resistencia para alimentar este manifiesto, incluyendo la participación de estudiantes, maestros, indígenas, intelectuales, militantes y dirigentes de Morena, familiares de desaparecidos, luchadores medioambientales, pequeños y medianos empresarios, periodistas en resistencia, defensores de derechos humanos, obreros y campesinos en general, entre otros.
Ya no podemos seguir con la dinámica de mesas de negociación y diálogo exclusivamente con el gobierno. La CNTE y los padres de familia de Ayotzinapa tienen razones muy legítimas para reunirse con la autoridad, pero harían bien en demostrar el mismo compromiso en sus relaciones con sus amigos y colegas de otras organizaciones sociales y políticas. El asambleísmo y los pronunciamientos generales de unidad tampoco son suficientes. Hace falta iniciar el arduo proceso de reconocer y dirimir las diferencias existentes entre movimientos así como construir acuerdos de acción coordinada entre las diversas resistencias.
El gobierno federal siente pasos en la azotea. Los resultados electorales del pasado 5 de junio, los históricos niveles de desaprobación ciudadana para el presidente de la República, el desprestigio de Enrique Peña Nieto en el exterior y las encuestas que demuestran el firme avance de Andrés Manuel López Obrador hacia 2018, tienen al régimen contra la pared. El poder se encuentra atrapado en el mismo laberinto de siempre de simulaciones y represiones. Al pueblo nos toca desmontar los sectarismos destructivos así como templar nuestra obsesión con las instituciones realmente existentes.