Gabriel Soriano
Aguascalientes.- El Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSGA) acompañará el caso de brutalidad policiaca y arresto injustificado que se cometió contra Blanca Moreno, vecina del fraccionamiento Santa Lucía. Denuncian graves violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos de la Policía Estatal, incluyendo tortura y abuso de autoridad.
Según relató Mariana Ávila Montejano, coordinadora de dicha asociación civil, la señora Blanca sufrió lesiones físicas y actos de tortura, incluidos tocamientos de carácter sexual, después de la detención injustificada de otros tres jovencitos en su fraccionamiento.
Además, al momento, al menos siete vecinos más fueron agredidos por policías que, incluso, rompieron los celulares con los que los afectados intentan documentar los abusos.
El incidente comenzó cuando un joven conductor, vecino del fraccionamiento, fue interceptado por una patrulla estatal bajo el supuesto de haber evadido un alcoholímetro. Mariana Ávila aclaró que no había evidencia de un operativo de ese tipo ni pruebas que acrediten que los jóvenes hubieran consumido alcohol. “Nada justifica la brutalidad policial, ni los actos de tortura que vivieron estas personas”, enfatizó.
Reconoció que la comunidad del fraccionamiento jugó un papel fundamental en la denuncia de los hechos. Vecinos proporcionaron pruebas clave, como videos y testimonios, que evidencian la violencia con la que actuaron los elementos policiales.
Además, precisó que Blanca no tenía ningún cargo al momento de su detención, sin embargo, señaló que se podría integrar una por obstrucción a la autoridad y otra por daños a las cosas ocasionado supuestamente por su hijo.
Hasta el momento, el OVSGA tiene identificados a 10 elementos de la Policía Estatal involucrados en los hechos, entre hombres y mujeres. Sin embargo, aún se investiga la participación de otros agentes municipales y estatales.
Mariana Ávila reiteró la exigencia de justicia y la necesidad de que las autoridades respondan de manera contundente para evitar que casos de brutalidad y tortura policial queden impunes. “Estos actos no solo vulneran a las víctimas directas, sino que minan la confianza de toda la sociedad en las instituciones de seguridad”, concluyó.