Redacción
Ciudad de México.- Las autoridades del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador y diversas organizaciones criminales. El objetivo de la querella es que el tribunal internacional investigue las responsabilidades penales individuales derivadas de presuntos pactos “político-criminales” ejecutados durante el sexenio pasado.
De acuerdo con la dirigencia del blanquiazul, la denuncia señala la presunta comisión de delitos de lesa humanidad reflejados en las alarmantes cifras de violencia del periodo 2018-2024, las cuales contemplan más de 200 mil homicidios, más de 150 mil personas desaparecidas, el reclutamiento forzado de jóvenes, el desplazamiento forzado de comunidades enteras y el control territorial de cárteles en amplias regiones del país.
La querella sostiene que la actual crisis de inseguridad que atraviesa México no es un fenómeno fortuito ni el resultado de desarrollos delictivos aislados. Por el contrario, el documento afirma que es consecuencia de una “deliberada, calculada y sistematizada colaboración permisiva del Estado Mexicano”.
“Permitió o incluso provocó el establecimiento e híper empoderamiento del Crimen Organizado en México, a raíz de establecer un pacto político con ellos entre ambas partes, es decir, entre distintos Gobiernos de Morena (principalmente el federal 2018 – 2024) y el Crimen Organizado”, señala el texto de la denuncia.
Asimismo, la dirigencia de Acción Nacional argumenta que durante dicho sexenio se implementó una política de “cesión de soberanía frente al crimen organizado”, documentando casos específicos en entidades como Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán, entre otras.
La dirigencia nacional del PAN, encabezada por Jorge Romero Herrera, arremetió de forma directa contra la emblemática consigna de seguridad de la administración anterior, afirmando que sirvió como un mecanismo de expansión para los carteles de la droga.
Finalmente, el partido opositor apuntó que los casos de mandatarios estatales en funciones como Rubén Rocha Moya (Sinaloa), Alfonso Durazo (Sonora) y Américo Villarreal (Tamaulipas) han profundizado la preocupación social sobre la penetración del crimen en las estructuras del poder político. El PAN justificó su decisión de acudir a la instancia internacional en La Haya argumentando que las instituciones nacionales son “cada vez menos capaces de garantizar investigaciones independientes”.
Con información de El Universal.