La Jornada
Ciudad de México.- La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) informó que la Dirección General de Asuntos Internos de la Policía Federal abrió una investigación en torno a los agentes que participaron en actos de tortura en contra de una mujer durante un operativo en el estado de Guerrero.
El caso que fue difundido en un video a través de redes sociales y en el aparecen militares y agentes federales amenazando, golpeando y asfixiando con una bolsa de plástico a una mujer para obligarla a confesar que conocía a una persona presuntamente relacionada con actos delictivos.
La Policía Federal dijo que “coadyuvará con la Procuraduría General de la República, y estará abierta para aportar los elementos que sean necesarios para esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades y sancionar a quienes resulten responsables”.
En ese contexto, pidió “a la población a que, de tener conocimiento de hechos ilícitos o conductas ajenas al comportamiento institucional que deben guardar los elementos de la Policía Federal, lo denuncien de manera anónima”.
En tanto, la PGR informó que el pasado 7 de enero de 2016, la PGR a través de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura (UEIDT), adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, inició una averiguación previa para investigar la probable responsabilidad de elementos del Ejército Mexicano, así como de uno de la Policía Federal quienes presumiblemente habrían participado en hechos ocurridos el día 4 de febrero de 2015, en la población de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.
Lo anterior, a partir de la vista de la averiguación previa, por actos contrarios a la disciplina militar, que turnó la Procuraduría General de Justicia Militar el 5 de enero de 2016.
La PGR explicó que “en el marco de dicha investigación, hasta el día de hoy esta representación social ha practicado diversas diligencias para el esclarecimiento de los hechos, destacando que en todo momento se ha contado con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Comisión Nacional de Seguridad, para la práctica de todas las diligencias e inspecciones que han sido necesarias.