Gilberto Valadez
Aguascalientes, Ags.- Acusaciones de presunto abuso de autoridad, pocos avances en denuncias internas, la detención de elementos de la corporación ligados al crimen organizado y hasta carencias por recortes presupuestales han permeado los últimos años del trabajo en la Secretaría de Seguridad Pública del Ayuntamiento.
El caso más reciente de supuesto abuso se ventiló esta semana, luego del traslado de una tercia de uniformados al centro penitenciario después que se comprobó que agredieron y allanaron sin autorización el domicilio de un indiciado.
Pero las controversias de la policía aguascalentense también han sido nota nacional, como cuando una mujer tomó sin mayores obstáculos el arma del interior de una patrulla; generando incluso dimes y diretes entre palacio estatal y municipal.
Abuso de autoridad
Constantes han sido las quejas de presuntos abusos policiacos por parte de elementos de la actual dependencia.
En febrero del año pasado, se dio a conocer el caso de un padre de familia y su hijo que habrían sido detenidos supuestamente de manera violenta por elementos policiacos en el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción, al oriente de la ciudad, y que les generó lesiones físicas. Los uniformados argumentaron “faltas a la autoridad” para proceder a la detención.
El martes 7 de julio de 2020, la Asociación de Abogadas Profesionistas para Defensa de las Mujeres aseguró la existencia de al menos ocho carpetas de investigación por supuestos abusos cometidos por elementos municipales en perjuicio de mujeres trans dedicadas a servicios sexuales. La agrupación incluso manejó cifras de aparentes sobornos de al menos 300 pesos que los oficiales solicitaron para dejar trabajar a las mujeres.
El caso más reciente surgió desde el año pasado, aunque tuvo repercusiones hasta el actual. En diciembre último, tres policías preventivos asignados a la delegación Jesús Terán fueron acusados de supuesto abuso en la detención de un presunto ladrón que operaba al oriente de la ciudad. Los uniformados habrían allanado la casa del indiciado, pero sin contar con una orden previa.
El pasado martes 8, los policías identificados únicamente con los apellidos Roque, Sosa y Delgadillo, fueron remitidos al centro penitenciario de esta capital.
“Avance nulo”
El 8 de marzo, la marcha por el Día Internacional de la Mujer se completó en la ciudad bajo horario nocturno y con la organización de colectivos feministas. Pero la manifestación concluyó con la detención de al menos nueve mujeres por parte de policías y las cuales fueron llevadas al ministerio público, así como denuncias por presuntos abusos de agentes municipales contra las participantes.
Dos días después, en sesión del Cabildo, el regidor del PRD, Oscar Estrada Escobedo, presidente de la comisión de Derechos Humanos, demandó un informe a Seguridad Pública del Ayuntamiento en torno a estos supuestos actos de represión.
Tres meses después, el 8 de junio último, Estrada Escobedo declaró a elclarinete.com.mx que ya se contaba con una denuncia directa hacia un elemento de la policía municipal en específico, ante el área de asuntos internos, por los sucesos ocurridos.
Pero antes, el 2 de junio, Angélica Contreras, representante de la organización Cultivando Género, denunció un avance nulo en cuanto a señalamientos de presunto abuso policiaco, por lo cual demandó a la autoridad investigar a su personal.
El enemigo en casa
La justicia también ha evidenciado a elementos que desfilaron por la corporación municipal.
El 15 de diciembre del año pasado, elementos adscritos a la Fiscalía General de la República (FGR) cumplieron una orden de aprehensión en contra de Elías Manzur Constantino, por supuesta vínculos con delincuencia organizada.
Manzur Constantino había fungido como director de Policía Preventiva del Ayuntamiento durante el 2017, en la primera etapa de la actual gestión panista, y se le mencionó como propietario de un bar en el fraccionamiento Las Américas. Al ex funcionario también se le aseguraron cuatro unidades vehiculares.
Para el 23 de diciembre, el ex jefe policiaco Aguascalientes se le dictó prisión preventiva oficiosa para los primeros meses del siguiente año, tras el operativo de la FGR.
También falta de recursos
En septiembre último, aconteció una tragedia cuando el lunes 28, un varón de mediana edad que había intentado quitarse la vida era trasladado en la parte trasera de una camioneta de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, pero de forma inopinada logró lanzarse cuando el vehículo se encontraba en movimiento y circulaba por Avenida Aguascalientes, falleciendo posteriormente.
Ante ello, el Congreso del Estado instó a las corporaciones de seguridad para revisar la compra de unidades más adecuadas para el traslado de personas.
Los recortes presupuestales también han pegado de manera especial en el ámbito de seguridad pública. Después que el gobierno federal avaló la desaparición del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), el ayuntamiento capitalino dio a conocer que dejó de percibir alrededor de 40 millones de pesos.
La noche del Morelos
La noche del 25 de enero de 2020, un oficial municipal dejó estacionada su patrulla en calles del fraccionamiento Morelos I para llevar a cabo labores de vigilancia en comercios de la zona, al oriente de la ciudad. No obstante, dejó un arma larga al interior de la unidad y sin las medidas mínimas de protección.
El hecho fue aprovechado por una mujer de 30 años, supuestamente con antecedentes de padecimientos mentales, quien tomó el arma y comenzó a disparar en plena vía pública. El saldo fueron tres personas heridas, ninguna de gravedad, además de la propia mujer quien recibió un impacto de otros agentes para proceder a su detención. También hubo daños materiales a media docena de vehículos.
El suceso fue captado en video y se viralizó en redes sociales, llegando a ser noticia de alcance nacional. Pero también generó controversias entre autoridades estatales y municipales.
A pesar de provenir del mismo Partido Acción Nacional, las relaciones entre gobierno y ayuntamiento no han sido las mejores. Tras la balacera en el Morelos, el mismo fiscal estatal, Jesús Figueroa Ortega, demandó públicamente la renuncia del Secretario de Seguridad, Antonio Martínez. Petición que fue rechazada por la alcaldía.
Sin embargo, no ha sido la única controversia entre palacios de gobierno sobre el tema. El 4 de julio de 2019, Porfirio Sánchez Mendoza, secretario de Seguridad Pública del Estado, censuró el desempeño de Antonio Martínez al frente de la policía capitalina. “Si no nos involucramos con nuestra institución, poco vamos a lograr. Y si permitimos que tomen las decisiones otras personas, yo mejor por dignidad me iba”, dijo el funcionario estatal.