Redacción
La Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Ministra Norma Piña, abrió este martes una consulta al Pleno del Tribunal sobre si tiene la facultad de suspender el proceso de reforma al Poder Judicial, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) solicitó a la Ministra Piña que, como medida cautelar, suspenda el avance de la reforma constitucional hasta que el Pleno de la Corte pueda revisar a fondo el asunto.
La JUFED argumenta que la reforma podría afectar la independencia del Poder Judicial y propone que se realice un diagnóstico integral sobre los problemas que aquejan al sistema judicial en México, como la corrupción y la inseguridad, antes de seguir adelante con los cambios.
El acuerdo de Piña plantea una pregunta crucial: ¿tiene la Corte la facultad para frenar un proceso legislativo en marcha, como una reforma constitucional? La consulta se ampara en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (PJF), que otorga a la SCJN la facultad de resolver controversias internas dentro del propio Poder Judicial. Sin embargo, hasta ahora, la Corte nunca ha dictado una medida cautelar para detener un procedimiento legislativo en curso.
Por lo general, la intervención de la SCJN en cuestiones legislativas ocurre después de la promulgación de las leyes, cuando se revisa su constitucionalidad. La consulta de Piña, entonces, podría sentar un precedente sobre el alcance de la Corte en este tipo de situaciones.
Los dos expedientes relacionados con la consulta fueron turnados como asuntos urgentes a la Ministra Lenia Batres, quien se ha destacado como una defensora de la reforma judicial. Batres deberá presentar proyectos al Pleno para su discusión, lo que probablemente ocurra la próxima semana.
En paralelo, la Ministra Piña también admitió a trámite una solicitud de la Ministra Yasmín Esquivel, quien busca que la Corte aclare el estatus de la JUFED, la asociación que convocó un paro laboral de jueces y magistrados el pasado 19 de agosto. La votación que respaldó esta acción fue controversial, ya que 201 de los 1,403 jueces y magistrados se opusieron al paro, y Esquivel quiere que el Pleno determine si la JUFED puede obligar a todos sus agremiados a sumarse a la suspensión de labores.