La Jornada en Línea
Ciudad de México.- El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos aseguró contar con fuertes elementos de convicción para sostener que 34 de las personas procesadas por el caso Ayotzinapa fueron torturados (a fin de auto-inculparse y señalar a otros posibles responsables) y son víctimas de otras violaciones a sus garantías fundamentales, durante y después de ser detenidas, por parte de agentes del gobierno federal.
En estos actos de violencia e irregularidades habrían incurrido elementos de la Procuraduría General de la República (PGR), entre ellos el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón; así como efectivos de la Policía Federal y de la Marina.
La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) realizó una investigación en la que documentó las violaciones a las garantías de los procesados durante las investigaciones por el caso. El informe de ese trabajo, titulado Doble injusticia, se presenta en Ginebra, Suiza, por parte del Alto Comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein; y en la Ciudad de México, por el representante en el país de esa Oficina, Jan Jarab.
El reporte detalla que, con base en análisis de los casos de 34 personas procesadas (33 hombres y una mujer), la ONU-DH “cuenta con fuertes elementos de convicción de que dichas personas habrían sido sometidas a tortura, así como a otras violaciones de derechos unamos, entre septiembre de 2014 y enero de 2016”.
Se documentó que en estos 34 casos se dio “un patrón consistente de violaciones a derechos humanos y un modus operandi prácticamente uniforme” que incluyó, entre otras, detención arbitraria de personas sospechosas por autoridades federales, demoras significativas en la presentación formal de los detenidos ante agentes del ministerio público de la PGR, actos de tortura, que se dieron fundamentalmente en las primeras 48 horas después de la aprehensión, con la intención de extraer información o una confesión.
Uno de estos casos, agrega la ONU-DH, es el de Agustín García Reyes, quien fue detenido arbitrariamente y torturado antes de la diligencia que elementos de la AIC de la PGR realizó en el Río San Juan, donde supuestamente se habrían encontrado las bolsas con las cenizas de los 43 normalistas desaparecidos, al cual estuvo encabezada por Zerón.
En los 34 casos analizados, agrega la ONU-DH, las personas detenidas presentaron numerosas lesiones físicas, certificadas por exámenes médicos que son compatibles con lesiones resultado de tortura. Los hallazgos encontrados a partir del expediente (de investigación) corroboran las declaraciones de los 34 detenidos entrevistados por la Oficina”.