Redacción
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió tres solicitudes para pronunciarse en contra de la reforma judicial que entró en vigor esta semana, pero los expedientes fueron turnados a la Ministra Yasmín Esquivel, considerada cercana al Gobierno, quien no tiene plazo para presentar un proyecto.
La reforma constitucional establece que los jueces, magistrados y demás juzgadores del país sean elegidos por voto popular, un cambio que tomará casi un año en implementarse.
Las solicitudes fueron promovidas por jueces, magistrados, secretarios y otros miembros del Poder Judicial afectados por esta reforma, quienes argumentan que dicha modificación viola “la esencia misma de la República” al comprometer la independencia judicial y romper la división de Poderes.
Los promoventes buscan que el Pleno de la Corte revise la constitucionalidad de la reforma, algo que, en teoría, no es posible, ya que la Corte no puede declarar inconstitucional un cambio a la propia Constitución. Sin embargo, utilizan la facultad que tiene la presidenta de la SCJN, Norma Piña, para someter consultas sobre asuntos dudosos, lo que permite a sus colegas opinar sobre trámites complejos, aunque este mecanismo no es propiamente un juicio.
El proyecto que Esquivel eventualmente presente tendrá que determinar si esta petición puede ser abordada mediante una consulta o si debe ser desechada. Aunque la Ministra no se ha manifestado públicamente a favor de la reforma judicial, en el pasado ha votado consistentemente en respaldo de las políticas del Gobierno y ha criticado abiertamente la gestión de la presidenta Piña.
En paralelo, Esquivel recientemente promovió otra consulta al Pleno para aclarar el estatus legal de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED), que desde agosto está en paro de labores en protesta contra la reforma judicial. La consulta busca determinar si la JUFED puede extender el paro a personal no involucrado directamente en la protesta.