Redacción
La reciente reforma a la Ley de Amparo debilita las posibilidades de que las personas utilicen este mecanismo legal para defender sus derechos, particularmente cuando se trata de derechos colectivos, advirtió el Dr. Ricardo Ortega Soriano, director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana (IBERO) Ciudad de México.
“El debilitamiento del cumplimiento de las sentencias le quita ‘dientes’ al juicio de amparo y permite que las autoridades puedan liberarse del cumplimiento de las mismas”, explicó Ortega Soriano, quien señaló que el juicio de amparo se construyó como un escudo protector frente a actos arbitrarios del poder.
De acuerdo con el académico, la reforma está diseñada desde la perspectiva de las autoridades, lo que otorga “credenciales muy amplias para que actúen sin que haya una limitación a sus atribuciones”. Esto, aseguró, impacta no solo la esfera jurídica de los ciudadanos, sino otros ámbitos normativos relacionados con la protección de derechos.
“Las autoridades piensan que el juicio de amparo se usa de forma inapropiada, pero lo que tienen que hacer es impulsar políticas y acciones de gobierno dentro de la esfera de derechos de la sociedad”, enfatizó. Además, explicó que la complejidad del juicio y los retrasos en los procesos hacen que algunas acciones jurídicas se interpreten como dilatorias, cuando en realidad el problema es estructural.
El Observatorio de Justicia de la IBERO adelantó que promoverá un seminario permanente sobre acceso a la justicia con uso de tecnología, con la participación de académicos nacionales e internacionales, para generar propuestas que faciliten la protección de los derechos de la sociedad.
Ortega Soriano también anunció la apertura de la asignatura “Derecho y Comunicación”, que busca capacitar a los estudiantes para superar obstáculos en el acceso a la justicia y crear espacios de comunicación que acerquen estas experiencias a la ciudadanía.
“Una tercera cuestión que queremos desarrollar con el Observatorio tiene que ver con la reflexión al interior de los colegios y de las asignaturas para visualizar los impactos que tiene la reforma en lo profesional y qué aspectos tienen que modificarse para garantizar que la educación que se imparte en las aulas sea útil para el contexto que enfrentan las y los egresados”, puntualizó.
El académico concluyó que, con la reforma, el juicio de amparo corre el riesgo de convertirse en un mecanismo más favorable a las autoridades que a la sociedad, reduciendo la protección efectiva de los derechos y libertades de los ciudadanos.