Gilberto Valadez
Aguascalientes, Ags.- La diputada priista Citlalli Rodríguez González le reviró al gobernador Martín Orozco en su negativa por derogar el Impuesto Sobre la Nomina (ISN), al que consideró un gravamen opaco y de poca transparencia.
“Bajo la ausencia de políticas del gobernador tenemos que ayudarle a construir cosas que sean posibles y se vean reflejadas en beneficio de los aguascalentenses”, manifestó la legisladora.
Rodríguez González había presentado una iniciativa para derogar el ISN, que representa un cobro del dos por ciento en pago a asalariados. Apenas el sábado último, el gobernador panista Martín Orozco cuestionó la medida a la que tachó de “populista y demagógica”.
Entrevistada este domingo, la legisladora del PRI respondió a Orozco: “yo creo que es más demagogia no hacer nada y no cumplir con lo prometido en campaña, no tener claro el rumbo del estado”.
Abundó que el ISN creado en 2005 durante la administración del panista Luis Armando Reynoso Femat “nació en la opacidad y bajo poca transparencia. Lo que queremos es que este impuesto desaparezca porque no cumplió ni se ha cumplido con las expectativas para lo cual fue creado”.
Citlali garantizó que algunas cámaras empresariales ven con buenos ojos la iniciativa: “tenemos que seguir dialogando. Yo me he sentado con algunos empresarios y pueden preguntarle a varios si se ha visto algún beneficio para el sector privado y la respuesta es no. Ahora hay que sensibilizar al grupo mayoritario en el Congreso, el PAN siempre se ha manifestado a favor del sector empresarial y debemos de darle certeza”.
Calculó que el impuesto genera un impacto económico superior a los 600 millones de pesos, que pudieran ser utilizados en fortalecer la planta productiva local, tomando en cuenta la inestabilidad financiera generada por la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.
La priista agregó que la petición ya fue turnada a la Comisión de Vigilancia del Congreso para su análisis y posterior votación.
El ISN fue instaurado en Aguascalientes el 30 de diciembre de 2005, con el voto mayoritario de la fracción del PAN en el Congreso y entró en vigor a partir de abril de 2006. Inicialmente fue del uno por ciento, pero con los años se elevó a dos por ciento.