Gabriel Soriano
Aguascalientes, Ags.- El Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSGA) denunció que la detención de Samantha en 2019 estuvo plagada de irregularidades, incluyendo tortura y violencia sexual.
A pesar de las acusaciones, los agentes involucrados continúan trabajando como ministeriales y las autoridades han sido omisas, sugiriendo que la situación tiene un trasfondo político.
En rueda de prensa, Erick Romani, esposo de Samantha y víctima directa durante la detención, relató que el 19 de noviembre de 2019 fueron víctimas de desaparición forzada y tortura tanto él como Samantha, así como su padre y su madre y fueron detenidos por unos 18 elementos ministeriales que no se identificaron como tal.
Después de la detención, fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde fueron amenazados, amedrentados y separados.
No se les informó el motivo de la detención hasta dos horas y media después, cuando se les dijo que fueron detenidos por llevar droga en el vehículo.
A la una de la mañana, fueron llevados al área de delitos contra la salud supuestamente con el ministerio público, aunque no hubo ningún funcionario presente.
Ahí Erick se reencontró con Samantha, quien mostraba signos de tortura y había sido abusada sexualmente.
El padre de la mujer fue torturado para que revelara información sobre un cadáver; se le mostró un video en el que aparecía dando RCP al fallecido, por lo que tuvo que aceptar la implicación y firmar una declaración sin haberla leído.
Finalmente se les acusó de cometer un delito contra la salud, aunque la detención estuvo plagada de irregularidades.
Erick Romani precisó que, aunque el padre de Samantha no niega los hechos que se le imputan, deslinda a la familia de lo ocurrido.
Afirmó que la historia fue politizada para atacar al gobierno municipal, presentando a Samantha como una prostituta extorsionadora. “Samantha es buena muchacha, es inocente de lo que se le acusó, fue sentenciada sin pruebas”, aseguró su esposo.
Añadió que hay muchas inconsistencias en la información relacionada con la detención y en las audiencias en el Poder Judicial, cómo las declaraciones del entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes (SSPE), Porfirio Sánchez Mendoza, y del Fiscal General del Estado, Jesús Figueroa Ortega, también presentan contradicciones.
Por su parte, Mariana Ávila Montejano, coordinadora del OVSGA, agregó que el caso se politizó, creando un espectáculo de la detención y fabricando historias que fueron aceptadas por el Poder Judicial.
“No podríamos decir quién intentó afectar a quién, porque sería especular, y justo lo que estamos haciendo desde este espacio es hablar con los hechos y con los documentos que sí tenemos”, concluyó.