Redacción
La entrega obligatoria de datos biométricos para mantener activas las líneas telefónicas en México ya enfrenta su primer revés en los tribunales. Un ciudadano de Aguascalientes promovió un amparo indirecto para evitar vincular dos números a su identidad, abriendo un nuevo frente legal contra una medida que, a menos de un mes de su entrada en vigor, es severamente cuestionada.
El recurso, presentado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, argumenta que los lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) violan los derechos a la privacidad, la autodeterminación informativa y el acceso a las telecomunicaciones, consagrado en el artículo sexto constitucional.
La desconfianza ciudadana se intensificó tras reportarse, en las primeras 24 horas del registro, una filtración masiva de datos de usuarios de Telcel, elevando las dudas sobre la seguridad informática del Estado. “Tengo el temor fundado de que el Estado no garantice la seguridad de nuestros datos”, señaló el demandante anónimo.
Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, advirtió que lineamientos de menor jerarquía jurídica están vulnerando derechos constitucionales de millones de usuarios. Explicó que, tras la reforma judicial, el amparo sólo protegería al promovente, pero un fallo favorable podría escalar a la Suprema Corte y sentar un precedente obligatorio.
Pese a que la CRT reporta que 52.3 millones de personas (32.5% de las líneas del país) se han registrado al 1 de junio, la autoridad mantiene su postura de no otorgar prórrogas.
Con información de Expansión.
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