Redacción
A partir del 2 de septiembre, la Constitución Política de la Ciudad de México ha sufrido una modificación importante.
El término “propiedad privada” ha sido eliminado del artículo tercero, numeral 2, y sustituido por “el respeto a la propiedad en los mismos términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Esta reforma introduce un enfoque diferente en la relación entre propiedad y utilidad pública.
El artículo 27 de la Constitución federal otorga al Estado el derecho de imponer condiciones a la propiedad privada en función del interés público. Esto incluye la posibilidad de expropiación por causas de utilidad pública, siempre que se garantice una indemnización justa. En términos prácticos, esto supedita el respeto a la propiedad a las decisiones de la nación sobre el aprovechamiento de recursos naturales y la distribución de la riqueza.
Martí Batres Guadarrama, actual Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ha señalado que esta modificación busca evitar que el Poder Judicial pueda interpretar las normas locales en favor de los grandes grupos económicos. Según Batres, este cambio revierte parte del “andamiaje jurídico e ideológico” heredado del neoliberalismo.
Si bien el artículo 27 no ha sido modificado recientemente, la eliminación del concepto de “propiedad privada” de la Constitución local ha generado controversia. A pesar de esto, la propiedad privada sigue protegida por el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocido como el Pacto de San José. Este tratado internacional garantiza el derecho a la propiedad, lo que significa que aún existen salvaguardas jurídicas vigentes.
Expertos señalan que será crucial vigilar futuras reformas al artículo 133 de la Constitución federal, así como la evolución de la reforma al Poder Judicial de la Federación.