Aguascalientes, Ags. Propietarios de gasolineras del país denuncian una red que se dedica a vender información privilegiada para evadir los operativos de inspección que realiza la Procuraduría Federal del Consumidor y que estaría conformada por exfuncionarios de la dependencia federal
Los empresarios víctimas de la estafa que hicieron las acusaciones, pidieron permanecer en el anonimato por temor a represalias, ya que aseguran que las extorsiones también forman parte del modus operandi de estos exfuncionarios públicos.
De acuerdo con los testimonios, el líder del grupo es Salvador Farías Higareda, ex Subprocurador de Verificación de la Profeco y quien estuvo en el cargo de marzo del 2014 a abril del 2017.
Su mano derecha: Gerardo Cabrera Trejo, exasistente del Director General de Combustibles, fungía como el encargado de la emisión de las órdenes de verificación en la dirección de combustibles y es quien, en palabras de los agraviados, vende la información a los gasolineros de dónde, cuándo y a quién visitarán las brigadas de verificadores provenientes de Profeco central.
El cargo como asistente del Director General de Combustibles que ostentaba Cabrera Trejo lo obtuvo de manos de Farías Higareda, pues de acuerdo con los empresarios, éste necesitaba gente para no ensuciar su nombre, imagen y carrera al tiempo que se beneficiaba del negocio de venta de información confidencial.
Los empresarios relataron que el negocio ilegal lleva operando más de un año, tiempo en el que han reclutado a más de 100 negocios que pagan 22 mil pesos mensuales para recibir información privilegiada y así mantener bombas de gasolina que no dispensan litros de a litro a los consumidores.
Sin embargo, cuando estos exfuncionarios dejaron sus cargos en la Procuraduría Federal del Consumidor, a pesar de ya no contar con información privilegiada sobre cómo operan los verificadores, continuaron vendiendo a las estaciones de servicio datos falsos para poder seguir con el cobro de las cuotas, explicaron los empresarios gasolineros de Aguascalientes.
Si se toma en cuenta que el número de estaciones que pagan los 22 mil pesos mensuales para evitar los operativos de verificación de la Profeco son aproximadamente 100 empresas, se puede deducir que el ingreso que recibe al margen de la ley el grupo dirigido por Salvador Farías Higareda alcanza los 2 millones 200 mil pesos mensuales.
A la ecuación también se debe agregar el nombre de Jaime Clark Solter, exjefe de verificación en Aguascalientes y, quien de acuerdo con los denunciantes, dirige dos empresas: Precisión en Sistemas e Instrumentos S.A. de C.V. y Promotora Internacional de Pesas y Medidas S.A. de C.V., ambas registradas como unidades de verificación acreditadas.
Su papel dentro de la red, aseguran, es fundamental, pues Jaime Clark Solter es el encargado de manejar todo el monopolio de las calibraciones en la zona del Bajío.
Las actividades ilegales que lleva acabo el grupo de exfuncionarios públicos que laboraban en la Profeco se dieron a conocer después de que a varios de los dueños de estaciones de servicio que pagaban su cuota les llegaban los verificadores exigiendo realizar las revisiones pertinentes a sus máquinas.
El negocio ilegal lleva operando más de un año y cobran aproximadamente 22 mil pesos mensuales para brindar información privilegiada