Redacción
El pasado viernes 5 de agosto, el Poder Judicial de la Federación publicó un criterio que pondrá en aprietos a los bancos cuando un usuario les reclame la nulidad de una transferencia electrónica realizada desde una dirección de Protocolo de Internet inusual.
Todo comenzó en 2018, cuando un cuentahabiente promovió un juicio mercantil en un juzgado de Jalisco en contra de un banco, reclamándole la nulidad de cargos y operaciones bancarias no reconocidas a finales de 2016, año en el que presentó su denuncia ante la Condusef.
La demanda se fundó en el argumento que el banco falló en su obligación de brindar seguridad a las operaciones de banca realizadas de manera electrónica, pues terceros -sin el consentimiento del titular- dispusieron de los fondos que se encontraban en la cuenta bancaria. Además, se reclamó el pago de una indemnización, de intereses moratorios, así como de los daños y perjuicios ocasionados al afectado.
El afectado señaló que, en el mes de mayo de 2016, se percató que una persona se había dado de alta en la banca electrónica correspondiente a su cuenta bancaria y que se había realizado una transferencia casi de forma inmediata. Ante ello, y al ver que no todos los fondos habían sido transferidos, el titular de la cuenta retiró el saldo restante y a reportar al banco la situación.
El banco se defendió bajo todos los argumentos posibles, obviamente dijo que el usuario había consentido la operación pues se utilizó su firma electrónica, así como los códigos proporcionados en el dispositivo “Netkey” y que por lo tanto, no debía restituir los fondos al afectado.
Con este caso, los magistrados de Jalisco determinaron que los bancos deben, al menos, establecer mecanismos de seguridad del sistema de banca electrónica como por ejemplo dar por terminada la sesión en forma automática e informar al usuario cuando la institución identifique cambios relevantes en los parámetros de comunicación del medio electrónico, es decir, cambios en su ubicación, entre otras acciones.