Redacción
El gobierno de Estados Unidos implementará nuevas restricciones para monitorear transacciones financieras en la frontera sur, reduciendo drásticamente el umbral de reporte de 10,000 a 200 dólares en efectivo.
A partir del 14 de abril de 2025, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro exigirá que negocios de servicios monetarios (MSB) en 30 códigos postales de California y Texas informen sobre cualquier transacción en efectivo que supere los 200 dólares. La medida forma parte de una nueva Orden de Orientación Geográfica (GTO, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo, según el gobierno, es combatir el lavado de dinero de cárteles mexicanos y otros grupos criminales en la frontera.
Un MSB abarca establecimientos como casas de cambio, servicios de giros postales, cheques de viajero y transmisores de dinero. Estos negocios deberán presentar Informes de Transacciones de Divisas (CTR), incluyendo el nombre, dirección y número de identificación fiscal del usuario. Actualmente, este tipo de reportes solo es obligatorio para operaciones superiores a los 10,000 dólares en el resto del país.
Impacto en comunidades vulnerables
La nueva normativa podría afectar a más de un millón de personas que residen o realizan negocios en los códigos postales seleccionados, incluyendo a comunidades de bajos recursos y ciudadanos sin acceso a servicios bancarios.
De acuerdo con la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC), en 2023, el 4.2 % de los hogares estadounidenses —alrededor de 5.6 millones— no contaban con una cuenta bancaria. La tasa es aún mayor entre minorías, familias monoparentales y personas con discapacidad.
Los críticos advierten que la medida podría perjudicar a quienes dependen de servicios monetarios en lugar de bancos tradicionales. “¿Quién sabía que los cárteles de la droga dependían de Western Union?”, cuestionó en tono irónico el Instituto Cato, un think tank libertario que considera que la nueva normativa “va en la dirección equivocada” al intensificar la vigilancia financiera sobre ciudadanos comunes.
Preocupación por la privacidad
Organizaciones defensoras de la privacidad temen que el umbral de 200 dólares pueda sentar un precedente para futuras restricciones financieras a nivel nacional. La administración Biden ya enfrentó rechazo público al reducir los umbrales de declaración para transacciones con terceros, pasando de 20,000 a 600 dólares.
Aunque FinCEN no ha detallado cómo seleccionó los códigos postales ni si esta medida impulsará más transacciones fuera del sistema financiero, el gobierno sostiene que la regulación busca frenar el uso de dinero ilícito en la frontera.