Redacción
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos asestó un revés a la estrategia comercial del presidente Donald Trump al invalidar buena parte de los aranceles globales que impuso en abril bajo el argumento de emergencia nacional.
En una votación de seis contra tres, el máximo tribunal concluyó que el Ejecutivo excedió sus facultades al utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para gravar importaciones de decenas de países. La mayoría sostuvo que esa norma no otorga al presidente autoridad ilimitada para redefinir la política comercial sin una autorización clara del Congreso.
Desde la Casa Blanca, Trump reaccionó de inmediato y calificó la sentencia como “profundamente decepcionante”. Dijo sentir vergüenza por “ciertos miembros del tribunal por no tener el valor de hacer lo que es correcto para nuestro país” y anunció un nuevo arancel global de 10%, ahora sustentado en otra legislación.
El fallo se refiere específicamente a los aranceles recíprocos proclamados el 2 de abril de 2025, fecha que el mandatario bautizó como el “Día de la Liberación”, cuando estableció un impuesto mínimo de 10% a prácticamente todas las importaciones. La decisión no afecta otros gravámenes aplicados a productos o países concretos.
La opinión mayoritaria fue redactada por el presidente del tribunal, John Roberts, quien advirtió que permitir ese uso expansivo del poder ejecutivo “reemplazaría la colaboración histórica entre el poder ejecutivo y el legislativo en materia de política comercial por una formulación de políticas presidenciales sin control”. Subrayó que el presidente debe demostrar una autorización clara del Congreso para imponer aranceles de esa magnitud.
La resolución contó con el respaldo de los magistrados liberales y de tres conservadores, mientras que otros tres jueces conservadores votaron en contra.
Aunque el fallo limita esta vía específica, analistas señalan que no implica el fin de la agenda arancelaria de Trump. El gobierno podría recurrir a otros mecanismos legales, algunos de los cuales requieren investigaciones del Departamento de Comercio o intervención del Congreso, lo que abre una nueva etapa de incertidumbre para empresas e importadores.