Columna de Mauricio Flores, publicada originalmente en La Razón
En la senda de una crisis constitucional por intransigencia política y tras la vertical aprobación de la Ley de Supremacía Constitucional que redujo el derecho de amparo de particulares ante decisiones gubernamentales a un insustancial pataleo, la empresa digital de movilidad de Dara Khosrowshahi, analiza sacar de México —o reducir a unas pocas ciudades— sus servicios de transporte de personas y entregas, pues Uber quedaría fuera de balance operativo y financiero de aplicarse tal y como está la reforma a la Ley Federal del Trabajo para hacer extensiva la seguridad social a choferes y repartidores.
Como es sabido, la reforma presidencial que presentó el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, argumenta que todos los trabajadores delivery deben acceder a servicios de salud, cesantía, ahorro y acceso a crédito a la vivienda…, aunque debido al actual régimen laboral la reforma implica que cada una de esas personas tendría que contar con un “patrón” o empleador que haga las retenciones al “empleado subordinado”.
La gran interrogante aún sin resolver en una iniciativa que se presenta como socialmente positiva es si se considera la desagregación de las prestaciones laborales en cada una de las plataformas digitales para las que trabajó un repartidor y/o chofer o si será un solo patrón quien deba cargar con toda la carga del costo laboral que de manera agregada puede sumar 35% por encima de los ingresos equivalentes de uno o más salarios mínimos, conforme a la métrica de la firma de talento flexible on demand Seeds, que dirige Martin Calzetti.
Y tener un solo “responsable social” o patrón, implicaría atajar la flexibilidad de los que colaboran en plataformas según su tiempo y ocupación: se trata de 2.5 millones de personas de las cuales casi 70% se dedica a “la manejada” y/o a “la repartida” para complementar los ingresos familiares.
Pero dado que ni Uber, DiDi o Rappi han sido tomadas en cuenta por el Gobierno, ni tampoco los trabajadores como han señalado en múltiples entrevistas los portavoces de la organización de Repartidores Unidos de México como Saúl Gómez, ya sonaron las alertas de que se repita en México el caso español de la “Ley Rider”.
Al no existir diálogo ni contrapesos para asuntos tan cruciales como la perpetuación de las reformas constitucionales de origen morenista, el mensaje es que esa reforma laboral “pasará como cuchillo en mantequilla” en el Congreso donde dominan las obedientes mayorías a cargo de Ricardo Monreal o Adán Augusto López.
Así que Uber contempla partir de México. Tal vez reducir sus operaciones a CDMX, Monterrey, Guadalajara y otras ciudades donde el volumen de traslados le permita balancear mayores egresos. Con ello pierden los consumidores con mayores precios, los choferes y repartidores que deberán encontrar otras ocupaciones… y, sobre todo, los pequeños restaurantes que hoy efectúan 30% de sus ventas mediante reparto a domicilio vía plataformas digitales. Y también perdería el prestigio de México como destino de inversión foránea, especialmente en áreas de innovación tecnológica.