Gibrán Ramírez Reyes / Milenio
De vez en cuando, la desaparición vuelve a rondar las primeras planas y la conferencia matutina de prensa. No pasa ya cuando se encuentran fosas clandestinas o depósitos de restos de cuerpos, lo que sucede cotidianamente —la semana pasada, por ejemplo, se encontró en un ejido de Matamoros, Coahuila, restos de 103 personas, sin que fuera tema en la conversación pública lagunera. Recientemente, sin embargo, se ha hablado de desaparición porque Pedro Carrizales Becerra, alias el Mijis, lleva desaparecido más de un mes (la última vez que su familia se comunicó con él fue el 2 de febrero). Todo indica que desapareció en la carretera que va de Nuevo León a Tamaulipas. En su declaración para Pie de Página, una que escandalizaría en cualquier país que no estuviera ya anestesiado absolutamente, Lourdes Flores Huerta dice “de los más recientes, desde 2020, que viajan de aquí para Nuevo Laredo yo calculo que van casi trescientas personas desaparecidas. Un mundo de gente”. El incremento de las desapariciones no parece estar localizado en esa zona. Hay una preocupantísima tendencia en estos años.
Entre diciembre de 2018 y julio de 2021 habían sido reportadas como desaparecidas 49 mil personas y se halló al 56 por ciento de ellas. El resultado fue, en dos años y medio de gestión del gobierno actual, de 21 mil personas desaparecidas y no localizadas. No hay datos más recientes en la página de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación. En sólo 19 meses se tuvo el mismo número de desaparecidos que en el sexenio 2006-2012 y cinco mil menos que en el 2012-2018. Si dicha tendencia, la última reportada, siguiera así, tendríamos, a la mitad del sexenio, más desaparecidos que en cada uno de los dos sexenios previos y, al final, más del doble. Para ponerlo en perspectiva, se trata de que cada mes desaparecen en México más de mil cien personas, el doble de lo que el Estado mexicano reconoce en la represión contrainsurgente mejor conocida como Guerra Sucia y un número similar al que organizaciones de familiares de desaparecidos como Afadem estiman para los mismos decenios. Cada mes, una guerra sucia. No hay explicación alguna para este crecimiento. ¿Por qué las desapariciones incrementarían en esa proporción sin que lo hicieran también los homicidios dolosos?, ¿por qué no es eso una noticia igualmente grave que una hipotética duplicación de los homicidios?
El escenario era ya de por sí complicado. Según el Registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas, entre 1964 y 2005 desaparecieron mil 633 personas; entre 2006 y 2021, más de 87 mil. Si buscamos referentes regionales, quizá se nos presenten algunos históricos en Sudamérica: en la dictadura argentina el número se debate entre ocho y treinta mil personas desaparecidas, y en la dictadura chilena de Pinochet el número reconocido es mucho menor. Hoy no vivimos una dictadura, está claro. En los años 70, por otro lado, nadie tendría duda de que el presidente ocupaba la cúspide de un sistema que le permitía control político sobre buena parte de la violencia y la muerte en el país. Por eso la justicia reclama a Echeverría cuando se habla de Guerra Sucia ¿Pero es más democrático un país donde desaparecen cada mes más de mil personas? Hay un desarreglo institucional que lo permite, ¿cómo se le llama, quién es el responsable, a quién, además de Felipe Calderón, se reclama en este caso?