Redacción
En una sesión que marca un antes y un después para el mundo del trabajo en el país, el Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma constitucional al artículo 123, la cual reduce la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas para un plazo de cuatro años.
Esta modificación, largamente esperada por el sector obrero, busca transformar la calidad de vida de millones de mexicanos, aunque su implementación no será inmediata, sino a través de un esquema de gradualidad diseñado para proteger la estabilidad económica.
Para permitir que las empresas realicen los ajustes operativos necesarios, el dictamen establece que el horario actual de 48 horas se mantendrá vigente durante todo el año 2026. La reducción comenzará formalmente en 2027 bajo el siguiente calendario:
2027: 46 horas semanales.
2028: 44 horas semanales.
2029: 42 horas semanales.
2030: 40 horas semanales (Meta final).
Un punto crucial del dictamen es que no se asegura un segundo día de descanso adicional de forma automática. Las horas que se eliminen de la jornada ordinaria deberán reconocerse y pagarse como horas extra si se laboran.
La reforma también endurece y clarifica las reglas para el trabajo extraordinario:
Se permite un máximo de 4 horas diarias de tiempo extra, sin exceder 4 días a la semana.
Pago: Las horas extra se pagarán con un 100% adicional al salario ordinario. Si se excede el límite permitido, el pago será del 200%.
Protección a menores: Se prohíbe estrictamente que menores de 18 años realicen cualquier tipo de trabajo extraordinario.
Los legisladores argumentaron que esta medida es una respuesta directa a los elevados índices de estrés laboral y accidentes de trabajo que registra México. Se espera que, con jornadas más cortas y un mejor balance vida-trabajo, disminuya el ausentismo y se registre un incremento en la productividad nacional.
Tras la aprobación unánime en la Cámara Alta, la minuta será enviada a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual ratificación. Al tratarse de una reforma constitucional, una vez aprobada por el Congreso de la Unión, deberá ser avalada por la mayoría de los congresos estatales para su promulgación definitiva.
Con información de Cronista.com