Gilberto Valadez
Aguascalientes, Ags.- En espera de definirse la permanencia o no de la concesionaria de agua en el municipio capital, cuyo contrato legal expira en octubre próximo, a lo largo de casi 30 años de actividades esa empresa privada prácticamente apenas ha sido revisada por las diferentes alcaldías locales.
La empresa que en 1993 nació como Caasa y que para 2018 pasó a denominarse a Veolia sólo acumula tres auditorías ordenadas por presidencias municipales; con cuestionamientos parecidos en los resultados entregados por la firma.
Irónicamente, en el contrato original que dio nacimiento a la concesionaria hace casi tres décadas, se establecía un periodo de cuatro años para la aplicación de auditorías. Situación que ya no se cumplió.
Primera auditoría
El servicio de agua de la ciudad capital fue concesionado en octubre de 1993 por gobiernos del PRI para un plazo original de 20 años. Pero en 1996, un gobierno del PAN aprobó ampliar ese contrato hasta 2023. Los resultados siempre fueron criticados, y padecidos, por la ciudadanía.
Aunque desde el inicio de la concesionaria se preveían revisiones constantes, lo cierto es que pasaron más de diez años para que fuese aplicada la primera auditoría a la entonces Concesionaria de Aguas de Aguascalientes. Para mediados de 2006, el alcalde de extracción panista Martín Orozco Sandoval anunció un estudio a la empresa. Orozco Sandoval presentó los resultados el 11 de julio de 2006 en una videograbación donde propuso revisar el título de concesionaria.
En aquel momento, el alcalde panista mencionó una lista de seis puntos con las principales fallas de la empresa. Entre estos, la presencia de aire en las redes de agua potable por el mal estado de la infraestructura, lo que provoca incremento en el costo de nuestros recibos; más de cuatro mil 600 usuarios de casas deshabitadas y lotes baldíos presentaban un injusto cobro de cuota mínima; además que los procedimientos de licitación y control de la calidad de las obras de la concesionaria no se realizaban con total apego a la Ley de Obra Pública del Estado de Aguascalientes. De paso, se advirtió la falta de instrumentos legales para tener vigentes los costos de operación y mantenimiento de la Concesionaria.
Pese a todo, Martín Orozco destinó hasta diez millones de pesos a favor de las deudas de la concesionaria. El 21 de diciembre de 2006, la sesión del Cabildo autorizó la compra de cartera vencida de los usuarios morosos.
Segunda auditoría
Luego de que el PRI recuperó la alcaldía capitalina en 2010, se pudo concretar una nueva auditoría a la concesionaria. La presidenta municipal Lorena Martínez Rodríguez anunció un estudio encomendado a especialistas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey campus Aguascalientes, quienes presentaron sus resultados el 26 de septiembre de 2012.
En la evaluación se detectaron 25 irregularidades en cobro excedente del servicio, aplicación de tarifas por servicios no brindados o correspondiente a meses anteriores y los cuales generaban recursos por más de ocho millones 900 mil pesos mensuales. Asimismo, se mostró que, de las 250 mil tomas en la ciudad de Aguascalientes, el 59.37 por ciento de estas brindaban un servicio “pésimo”, derivando que muchos domicilios no tuviesen abasto las 24 horas.
La concesionaria quedó evidenciada en cuanto a facturas con aire en la red, usuarios sin drenaje domiciliar y que pagaban tarifa completa, descuento bajo criterios propios y una cartera vencida similar a la de 2007, cuando tuvieron adeudos por 50 millones de pesos. A la presentación del informe acudió Lorena Martínez, quien dio su palabra de hablar con Caasa para mejorar el abasto y la distribución del agua.
Sin embargo, la alcaldesa priista reconoció después que no tenía métodos legales para poner en cintura a la empresa.
Tercera auditoría
Aunque el PAN recuperó la alcaldía en 2013, las subsecuentes administraciones de Antonio Martín del Campo y Teresa Jiménez no aplicaron ninguna auditoría a la empresa que de plano cambió de nuevo su nombre a Veolia en septiembre de 2018.
Tras la elección de 2021, el blanquiazul mantuvo el control capitalino con Leonardo Montañez Castro, quien al año siguiente anunció una nueva auditoría a la empresa previo a la conclusión de su contrato legal.
El estudio se encargó a la firma Urban Group, pero la auditoría se fue aplazando y no pudo entregarse en 2022 como prometió Montañez, quien ya en febrero de este año justificó diciendo “La auditoría sí está, pero como toda auditoría se piden unas cosas y están en proceso de entregarlas, pero prácticamente ya está por concluir”.
Luego de varios meses de retraso, el informe por fin se presentó el pasado 22 de marzo y entre sus principales puntos se resaltó que Veolia, pese a sus casi 30 años de actividad, aún tenía más de 60 mil viviendas sin medidor, además de una estimación que al menos el 50 por ciento del agua que se extrae, al final se desperdiciaba.
Por si fuera poco, la auditoría de Urban Group calculó pasivos por 800 millones de pesos en cartera vencida a Veolia, quien pese a todo pidió una ampliación en el contrato que legalmente finalizará en octubre.