Redacción
Aguascalientes, Ags.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo la vinculación a proceso de Juan Carlos “N”, por su probable responsabilidad en el delito contra la salud en su modalidad de Narcomenudeo, en la hipótesis de posesión de narcóticos con fines de comercio en su variante de venta, como resultado de las acciones coordinadas en materia de seguridad y procuración de justicia.
Los hechos se registraron el pasado 6 de febrero de 2026, sobre la calle San Antonio, frente a un predio rústico perteneciente al ejido Pocitos, en el estado de Aguascalientes, donde el señalado fue detectado por elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Durante la intervención policial, los oficiales realizaron una inspección preventiva, localizando presuntamente entre sus pertenencias dos bolsas de plástico transparente que contenían una sustancia granulada al tacto. Ante tales hallazgos, los elementos procedieron a su detención, informándole el motivo de la misma y dando lectura a sus derechos constitucionales para posteriormente ponerlo a disposición del agente del Ministerio Público.
La sustancia asegurada fue remitida a análisis pericial, determinando el perito químico que se trataba de clorhidrato de metanfetamina, narcótico considerado dentro de los delitos contra la salud por su alto potencial adictivo y afectación a la salud pública.
Tras la puesta a disposición, el agente del Ministerio Público inició la integración de la carpeta de investigación, recabando los datos de prueba necesarios para sustentar la imputación y judicializar el asunto ante la autoridad competente.
En audiencia inicial, la Juez de Control calificó de legal la detención y resolvió vincular a proceso a Juan Carlos “N”, al considerar que existen datos suficientes que establecen su probable participación en el hecho delictivo que la ley señala como delito.
Como medidas cautelares, se le impuso la presentación periódica ante la autoridad correspondiente, la prohibición de acercarse a determinados lugares, la prohibición de salir del estado sin autorización judicial y la sujeción a vigilancia o supervisión, además de fijarse un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.