Redacción
Aunque la violencia letal en México disminuyó 8.6% de 2024 a 2025, el país es hoy más violento que hace diez años. Entre 2015 y 2025, la violencia letal acumulada creció 68.2%; las desapariciones se dispararon 212.9% y otros delitos contra la vida aumentaron 368%, de acuerdo con el estudio “Violencia en México, 2015–2025: análisis de los datos y propuestas para la paz”, presentado por México Evalúa.
El informe advierte que medir únicamente el homicidio doloso resulta insuficiente para dimensionar la crisis. Por ello, propone un indicador integrado de violencia letal que suma homicidios, desapariciones y otros delitos contra la vida, con el fin de reducir sesgos de subregistro y ofrecer un diagnóstico más preciso para el diseño de políticas públicas.
En 2025, Baja California registró la tasa más alta de violencia letal con 141.9 casos por cada 100 mil habitantes, seguida de Sinaloa con 131.1 y Morelos con 117.4. En contraste, Yucatán (10.5), Tlaxcala (13.3) y Coahuila (14.2) reportaron las tasas más bajas. El análisis revela una violencia altamente territorializada, con comportamientos diferenciados entre entidades y municipios.
El feminicidio cerró 2025 con 721 víctimas: menos que en 2024, pero 68.5% más que en 2015. El homicidio doloso bajó 22.2% en el último año; sin embargo, comparado con 2015, las víctimas aumentaron 30.7%. Además, 19 entidades superaron el umbral de 11 homicidios por cada 100 mil habitantes, considerado nivel epidémico.
Las desapariciones alcanzaron un máximo en 2024 con 12 mil 942 registros y mantienen una tendencia que triplica los niveles de hace una década. Según el estudio, este fenómeno comparte territorios y dinámicas con la violencia homicida.
“Los datos muestran que México tiene realidades de violencia muy distintas según el territorio. Por ello son necesarios diagnósticos locales y por tipo de delito. Afinar la forma de medir la violencia es clave para diseñar políticas más efectivas”, señaló Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa.
Mariana Campos, directora de la organización, subrayó la importancia de la colaboración interinstitucional. “La seguridad pública es un ámbito en el que la colaboración entre Gobierno, academia, sociedad civil y sector privado puede contribuir a mejorar diagnósticos, fortalecer políticas y generar soluciones más sostenibles”, afirmó.
El estudio plantea establecer mesas permanentes para mejorar la medición y el monitoreo de la violencia, diseñar políticas diferenciadas por delito y territorio, y combinar inteligencia contra el crimen organizado con el fortalecimiento de policías, fiscalías y estrategias de prevención social.